El Ejecutivo prepara una ley para precisar las prerrogativas del Gobierno

., La portavoz del Gobierno, Rosa Conde, aclaró anoche que las reformas legales mencionadas por el jefe del Ejecutivo en el Parlamento se refieren a la elaboración de una "ley del Gobierno", en desarrollo del artículo 98 de la Constitución. Esa ley, que tendrá carácter de orgánica, regulará las prerrogativas del Gobierno, y refundirá disposiciones actualmente dispersas en diferentes normas, destinadas a incrementar el nivel de seguridad del Estado

La portavoz lamentó no poder ofrecer más detalles porque ,sólo han empezado los estudios de legislación comparada", previos a la redacción del texto unicamente añadió que se intentará el consenso con la oposición acerca de esta ley, en fecha todavía no determinada.

Según otras fuentes de alta Administración, la "ley del Gobierno" es una norma importante, que estudia un grupo de expertos, con la cual se pretende sustituir a la vigente ley de régimen jurídico de la Administración. Esta última establece un sistema de coordinación "muy deficiente" entre departamentos ministeriales, a juicio de las citadas fuentes.

Carácter político

La reforma pretendida consiste en acentuar el carácter político del Gobierno, separando a los ministros de las tareas administrativas y evitando que el Consejo de Ministros se convierta en un órgano de conciliación de políticas burocráticas. También se delimitan la "responsabilidad política del Gobierno" -exigible con el Congreso de los Diputados- de las responsabilidades en que puedan incurrir los funcionarios.

Fuetes del Grupo Parlamentario Socialista creen que la mencionada reforma servirá también para refundir y elevar al máximo rango legal posible -después de la propia Constitución- normas actualmente dispersas, como son las prerrogativas del Gobierno en materia de secretos oficiales, la disposición de fondos reservados, las condiciones en que puede ser exigida la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno, los mecanismos de información selectiva a la oposición sobre asuntos de Estado y otras lagunas legales existentes en la actualidad.

Esa ley puede contemplar también el mecanismo de toma de decisiones para diseñar la estrategia de negociación de España en relación con la CE, teniendo en cuenta que gran parte de las políticas nacionales están ya condicionadas por decisiones de la CE o de otros organismos internacionales, situación que se acentuará a partir de 1992.

Sorprende que una pieza legal de este tipo haya sido anunciada por el presidente del Gobierno, de manera tan imprecisa, en un debate parlamentario sobre la remodelación ministerial. El hecho de que la oposición haya dedicado esta sesión a pedir aclaraciones sobre la eventual responsabilidad estatal en la trama de los GAL puede haber movido al presidente del Gobierno a lanzar una idea de estas características.