Los policías Amedo y Domínguez ingresan en prisión acusados de organizar los GAL

Los policías José Amedo Fouce y Michel Domínguez Martínez ingresaron ayer, hacia las nueve de la noche, en la prisión de Logroño, donde fueron trasladados por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El magistrado, que instruye la causa sobre la implicación de policías e instituciones con los GAL, estima que Amedo y Domínguez son los principales organizadores de esa banda terrorista, que actuó entre 1983 y 1987. El juez enviará en breve la causa a la sala para que decida sobre su procesamiento. Los partidos políticos han respaldado la actuación del juez. Interior anunció ayer que ambos agentes quedaban suspendidos de sus funciones.

El auto dictado ayer por el juez Garzón precisa que está documental y testificalmente comprobada la participación de los dos policías en la preparación, desarrollo y ejecución en des atentados cometidos en febrero de 1986 en el sur de Francia.El documento judicial pormenoriza el viaje oficial de Amedo a Portugal de enero-febrero de 1986, pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior, donde el subcomisarlo de policía reclutó a mercenarios portugueses que llevaron a cabo los atentados contra el bar Batzoki y el bar Consolation en el sur de Francia, los días 8 y 13 de febrero de ese año.

El abogado de los policías y del Ministerio del Interior, Jorge Argote, tras conocer el auto de prisión, criticó la decisión y la calificó de injusta, mientras el abogado de la acusación popular, Fernando Salas, expresó su satisfacción por la "inexcusable medida" adoptada por el magistrado. Salas elogió el valor, la entereza y la escrupulosa actuación el juez Garzón en este caso.

Asimismo, el ex ministro del Interior José Barrionuevo reiteró al juez su negativa a informar sobre los fondos reservados del del artamento amparándose en un nforme de los servicios jurídicos del Estado, que llegan a señalar jue el deber de colaboración con la justicia no se incumple al invocar el secreto de Estado. El juez, al parecer, informará del asunto al Consejo General del Poder Judicial para que disponga lo que considere oportuno. Barrionuevo afirma que revelar esos datos infectaría gravemente a la seguridad del Estado, aunque explica, por otro lado, que no existe en su departamento rastro documental alguno sobre los fondos reservados.

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Editorial en la página 10