La política monetaria ya no da para más

Dos intervenciones relativamente recientes de Mariano Rubio, una ante el Consejo General del Banco de España y otra ante la Comisión de Economía del Congreso, han constituido un análisis claro y riguroso de la política económica española y del sistema financiero. Han sido intervenciones muy importantes, no ya por la autoridad de quien las ha realizado, sino también porque hace referencias explícitas a las responsabilidades que deben asumir todos los agentes económicos, públicos y privados, que tienen algo que ver con el diseño y aplicación de la política socio-económica en sus diversos frentes.La línea argumental del gobernador del Banco de España me parece precisa y certera: las políticas de saneamiento y ajuste llevadas a cabo en España en años pasados, así como la voluntad nacional de aprovechar la oportunidad que representa la adhesión al Mercado Común, han llevado a la economía española a vivir durante los últimos tiempos un proceso de expansión, con dos notas positivas e importantes: por un lado, se han creado en dos años 688.000 empleos netos y, por otro, ha aumentado el potencial de crecimiento debido al gran dinamismo de las inversiones productivas.

En este terreno debe reconocerse el protagonismo asumido por los empresarios españoles y la actitud de los inversores internacionales, muy positiva hacia nuestro país.

La gran cuestión que plantea el gobernador y que exige una respuesta muy cuidadosa es la siguiente. ¿Cómo conseguir que el crecimiento económico en España sea superior al del conjunto de Europa, y al mismo tiempo ser capaces de evitar que esa expansión genere desequilibrios que obliguen a la adopción de graves y duras medidas correctoras?

Un crecimiento elevado y estable a medio y largo plazo es una aspiración lógica, teniendo en cuenta que nuestra renta per cápita es algo más del 60% de la media comunitaria y que la expansión económica alcanzada durante los tres últimos años ha generado no pocas expectativas. Pero, para que ese objetivo no sea la simple expresión de voluntarismo estéril, hay que aceptar que un crecimiento económico sostenido y estable no puede cimentarse sobre tensiones inflacionistas o desequilibrios importantes en las cuentas exteriores de nuestra balanza de pagos.

La política monetaria, en el pasado reciente, se ha encontrado sola asumiendo un papel protagonista para mantener la economía española dentro de esos difíciles márgenes de crecimiento de la actividad y del empleo, y al mismo tiempo, situar a España entre los países estables desde el punto de vista de los precios y de los más solventes en cuanto a su situación de reservas y endeudamiento externo.

Sin embargo, nos advierte Mariano Rubio que la política monetaria tiene cada vez más limitada su capacidad de actuación. Si nunca ha sido bueno ese excesivo protagonismo de la política monetaria, en el próximo futuro no va a ser ni bueno ni posible, debido a la clara pérdida de autonomía que representa la prevista entrada de España en el Sistema Monetario Europeo, que ya se anuncia para septiembre de 1989.

Choque frontal

El choque frontal que representa aplicar una política monetaria de contención, por un lado, y una política presupuestaria con déficit voluminosos, por el otro, ha propiciado unos tipos de interés muy elevados -muy por encima de los registrados en los demás países- y ha reforzado las tendencias apreciadoras de la peseta, con evidentes consecuencias negativas sobre las posibilidades exportadoras de la economía española.

El deseo lógico de que las inversiones y el empleo continúen por la senda de expansión actual hace totalmente aconsejable, como afirma el gobernador del Banco de España, unos tipos de interés más moderados que los vigentes, lo que obliga a la remoción de las causas de su alto nivel actual, y en este sentido es muy explícito: "Es necesario proseguir la reducción del déficit público, y que la política fiscal asuma un mayor protagonismo en las tareas de reducción del gasto".

Es cierto que el déficit público se ha ido conteniendo en los últimos años, pero a base de fuertes crecimientos en la recaudación de impuestos que difícilmente podrán mantenerse en el futuro. El que se reconozca la dificultad de contener el gasto, en un contexto de crecientes demandas y presiones sociales sobre los presupuestos públicos y en el que ya es totalmente desaconsejable demorar por más tiempo una mejora en la dotación de infraestructuras, no quiere decir que no sea necesario y urgente actuar sobre las demás partidas de gasto, para evitar que la incoherencia entre las políticas fiscal y monetaria hagan saltar por los aires el dinamismo económico.

Nuestras autoridades se ven ya obligadas, sin demora, a tomar decisiones en materia de impuestos y de gastos, en los que habrá que hacer abstracción de los criterios de popularidad y primar los de eficacia. Esa coherencia entre la política fiscal y monetaria debe hacerse extensiva, según las propias palabras del señor gobernador, a la política laboral, al afirmar que es imprescindible asegurar la continuidad de la moderación salarial y la mejora de la capacidad de ajuste del mercado de trabajo para garantizar nuestra competitividad exterior ante el reto comunitario.

Condiciones necesarias

En la misma dirección apuntan las últimas declaraciones del ministro de Economía, en las que establece tres condiciones necesarias para generar empleo: primero, una tasa de crecimiento fuerte y sostenido evitando los desequilibrios, lo que significa mantener unas tasas de inflación bajas; después, alcanzar un crecimiento de las exportaciones por encima de la demanda interna, lo que supone acelerar el proceso inversor modernizador y mantener la moderación salarial, y, por último, una mayor flexibilidad del mercado de trabajo, no sólo en lo referente al coste de la contratación, sino también el coste del despido.

Todas estas ideas se encuentran también en las conclusiones de la comisión de expertos sobre el paro, que se acaban de hacer públicas y que defienden la moderación en el aumento del coste real del trabajo, mayor flexibilidad laboral y un giro en la política económica para reducir el déficit público y reestructurar los impuestos (con rebaja de las cuotas empresariales y de la presión fiscal media del IRPF) y los gastos (con un programa ambicioso en infraestructuras y comunicaciones, una mejora en la gestión pública y una reducción en las subvenciones).

Si es alentador comprobar que la economía real española está funcionando, tanto o más positivo es observar cómo la filosofía económica de los principales expertos y responsables de la política económica converge en una línea realista y totalmente correcta, a mi juicio.

Lo que hace falta ahora es que se pase de la palabra a los hechos, porque no es imaginable que todas las mencionadas declaraciones y planteamientos sean solamente buenas intenciones y especulaciones sin posibilidad de aplicación.