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Los fondos reservados subvencionaron el espionaje a los partidos legales, según el subcomisario Medina

El subcomisario Juan José Medina, ex miembro de la Brigada de Información Interior, declaró el pasado 10 de junio ante el juez José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, que instruye la causa por espionaje a partidos políticos legalizados, que al Hegar a su cargo en la brigada, en 1982, intentó "cortar" esa actividad, pero por "rutina" se continuó con esa práctica. Según las actas del juzgado, que ha conocido este periódico, los infiltrados en AP y el PCE eran pagados con cargo "a los fondos reservados de la dirección".

El subcomisario Medina, destinado hasta finales de 1983 en la Brigada de Información Interior y actualmente procesado por el presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, cree que los miles de informes que desaparecieron de los archivos policiales sobre políticos y partidos obedeció a que "miembros de la brigada tuvieron miedo, porque se díeron cuenta que no estaba bien, a pesar de que la autoridad les había dicho que se continuara investigando".El pasado 10 de junio el subcomisario Juan José Medina reconoció ante el juez Vázquez Honrubia y ante los letrados del PCE y de AP, José Luis Núñez y Rosa Vindel respectivamente, que la policía tenía infiltrados en dichos partidos y que sus servicios se pagaban con cargo a los fondos reservados. Medina afirma repetidamente que le puenteaban en su intento de acabar con esa práctica y que las informaciones obtenidas iban a parar a otros servicios, incluido el CESID (espionaje militar).

Medina reconoce igualmente que miembros de la Brigada de Interior destruyeron los libros de registro de entrada y salida de documentos sobre esos partidos, además de otros de profesionales, correspondientes a los años 1983, 1984 y 1985 y la desaparición de los mismos. Medina declara textualmente: "Lo primero que descubrí es que los archivos estaban vacíos. ( ... ) Lo primero que hice al ponerme al frente de la brigada es levantar un acta. ( ... ) En los archivos quedaba una ínfima parte del material que debía obrar".

En el curso de la declaración, el letrado del PCE, José Luis Núñez, le pregunta su opinión sobre la causa por la que miles de documentos con investigaciones sobre el PCE, AP y particulares han desaparecido. "Creo que porque, según miembros de la brigada, tenían míedo de lo que habían recogido en notas y sabían que no estaba bien, y me dieron una relación de nombres para los cuales habían traba ado. Decían que se lo había ordenado la autoridad, como el comisario general de información, que les dijeron que la rutina de investigar a partidos políticos se continuara".

En su declaración al juez, Medina aseguró que intentó por todos los medios impedir que siguiesen las investigaciones a fuerzas políticas legalizadas. "Intentamos cortar radicalmente el sistema de investigación a los partidos porque creíamos que no era el oficio de la brigada".

En cuanto al método de espionaje, Medina señala: "Teníamos un infiltrado en el PCE y otro en AP que proporcionaban información mediante precio o recompensa". "El señor [ilegible en el acta] me dijo que tenía una serie de colaboradores a los que tenía que pagar, y que nos daría información desde el tráfico de armas hasta otras co sas, y les llegamos a pagar".

El juez pregunta con cargo a qué fondos, y ésta es la respuesta: "De los fondos reservados de la dirección. Una vez le dimos 30.000 pesetas, pero nos trajo discursos de AP en el Parlamento y no tenían importancia". En otros momentos Medina vuelve a hacer referencia a la trivialidad de los documentos que faci litaban los confidentes y al esca so interés policial que suponían los informes sobre la vida privada de algunos políticos.

El magistrado pregunta sí está en lo cierto al suponer que desde la llegada al poder del PSOE la investigación se centró en los partidos de oposición y concretamente sobre AP y PCE. Medina responde: "No es que se centrase la investigación en el PCE o AP como oposición, sino que se siguió la misma rutina que hasta ese momento: siempre el partido de la oposición, fuera quien fuera. Ahora, las informaciones, siento decirlo, creo que, a título personal, puede que a alguien le interesen, pero realmente sentido policial no tienen".

Reafirmación

El interrogatorio del juez termina -no sin recordar a Medina que el falso testimonio es delito- de esta forma: "¿Se reafirma en que la Brigada de Información estaba obteniendo información por medio de colaboradores pagados?". Medina contesta: "Sí, sí".

Vázquez Honrubia continúa: "¿A partidos políticos legalizados, en concreto a AP y al PCE?". "Sí, sí; me ratifico. E incluso a particulares".

El letrado del PCE, José Luis Núñez, pregunta a Medina si no cree que por encima de sus órdenes "el grupo seguía funcionando e investigando a los partidos". Medina dice: "Sabíamos que se nos seguía puenteando para hacer llegar esa información a otros servicios de la policía". Núñez insiste: "Y estos servicios pertenecían a la Comisaría General de Información". Medina aclara: "Sí, pero en un caso fueron al CESID".

El letrado del PCE resume señalando que determinados ftincionarios realizaban una actividad oficialmente, pero que en la práctica utilizaban la información para otros fines. A lo que el jefe policial asiente. Cuando Núñez pregunta nombres de funcionarios, dice: "No recuerdo los nombres de la brigada; yo sólo conocía a los que directamente controlaba".

Las abogadas de AP Rosa Vindel y Pilar Busó pedirán el procesamiento del comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y del jefe de esa Brigada, Alberto Elías, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los documentos, fruto del espionaje, acción a la que se unirá el letrado del PCE, José Luis Núñez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de julio de 1988

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