UGT y Comisiones reclaman la gestión directa de las prestaciones y del subsidio de desempleo

La próxima semana el Gobierno, los sindicatos y la patronal CEOE inician un nuevo proceso de diálogo social, tras un año de intentos fallidos. El primer asunto que van a abordar a partir del viernes es la reforma delas oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem), y tanto UGT y Comisiones como el Ejecutivo coinciden en la necesidad de convertirlas en auténticas agencias públicas de contratación de trabajadores. Uno de los puntos que sin duda ofrecerá más dificultades es la aspiración de los sindicatos a gestionar las prestaciones y el subsidio de desempleo. El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, negociador por parte del Gobierno, no está de acuerdo con esa demanda, aunque no la descarta de antemano.

El viernes de esta semana, y en una negociación tripartita en el marco del Consejo General del Inem, se empieza a discutir la reforma del Instituto de Empleo. El Gobierno y los sindicatos coinciden en que es necesario convertir las oficinas de empleo en auténticas agencias públicas de colocación y quieren acabar con la situación actual, en que su tarea se limita, prácticamente, a inscribir parados y a registrar contratos, dado que más del 80% de las ofertas de puestos de trabajo llegan allí cerradas y comprometidas entre el empresario y el trabajador afectados. Para ello se pretende dotar a las citadas oficinas de los medios humanos y materiales necesarios y emprender una tarea de reciclaje de los funcionarios para que puedan prestar una atención personalizada a los parados. En el proyecto de la Administración se contempla la posibilidad de contratar psicólogos y sociólogos para los colectivos de desempleados con más dificultades de inserción profesional.

Mayor participación

Los sindicatos van a plantear al Gobierno que las propias centrales gestionen directamente las prestaciones de desempleo. El ministro de Trabajo no lo ve viable y entiende que las organizaciones sindicales no cuentan con los medios necesarios, para hacerse cargo de esa reponsabilidad, pero no descarta que ese aspecto se discuta. Manuel Chaves sí está dispuesto a que aumente la participación de las centrales en los organismos del Inem y en las acciones positivas para el empleo.

También hay fecha para empezar a negociar la ampliación de la cobertura a los parados. Esa mesa se constituye el día 12 y a ella, no han sido convocados los dirigentes empresariales, aunque si se logra un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos debe ser refrendado en el Consejo General del Inem, donde está representada la patronal CEOE-CEPYME.

El criterio de Chaves es que la prioridad es ampliar las prestaciones por desempleo a los grupos con más dificultades para encontrar trabajo y, sobre todo, a los mayores de 45 años parados de larga duración -los que llevan más de un año inscritos como desempleados-, situación en la que se encuentran 260.000 personas.

La UGT coincide en que ese colectivo debe ser atendido, pero también los parados del medio rural, y propondrá, entre otras cuestiones, que se alargue el subsidío para las prestaciones contributivas y que las ayudas asistenciales alcancen a los jóvenes y mujeres. Este sindicato calcula que sus demandas tienen un coste máximo de 400.000 millones de pesetas.

Comisiones quiere que la cobertura alcance al 50% de los tres millones de parados, pedirá que se cree un marco normativo para que cada año no haya que revisar los colectivos a proteger, que los contratos de tres meses tengan derecho también a un subsidio de tres meses y que se prolongue la prestación contributiva.