El Gobierno británico propone flexibilizar la estricta ley de secretos oficiales
El Gobierno británico ha presentado en el Parlamento sus planes paira reformar la ley de secretos oficiales que rige desde 1911 y que ha convertido al Reino Unido en el país más secretista de Occidente. A partir de ahora dejará de ser delito filtrar el menú del día del bair del ministerio, pero las futuras restricciones hacen temer por una mordaza más firme.
El objetivo de la próxima ley es sustituir la ridícula e ineficaz sección segunda de la vigente, que convierte en delito toda filtración no autorizada de información oficial, por insignificante que sea. La amplitud de esta sección ha resultado ser más un engorro que una ayuda a los fines perseguidos por el Gobierno, que ha visto cómo los jurados se negaban a condenar a presuntos infractores de esa sección.El Gobierno ha delimitado seis áreas protegidas por la nueva ley: defensa, relaciones internacionales, seguridad y espionaje, intercepción de comunicaciones, información confidencial recibida de otros Gobiernos e información que puede ser útil a delincuentes. Toda información relativa a esas áreas será secreta, y su difusión podrá acarrear hasta dos años de cárcel.
El proyecto gubernamental niega a los ministros la facultad de determinar cuándo una filtración ha dañado la seguridad nacional y deja que sea el jurado el que lo decida. Pero a cambio de esa concesión niega que el argumento del interés público o la publicidad previa de la información en cuestión eximan del secreto. El quid de la futura ley estriba en la eventual definición que, en los debates parlamentarios del próximo otoño, vaya a hacerse de lo que es dañino para la seguridad del Estado.
El cotejo de la propuesta con casos resueltos en los últimos tiempos en favor del derecho del público a conocer ha levantado las primeras suspicacias, en especial por parte de la Prensa, que se enfrentará a esta disyuntiva: el silencio o el procesamiento.
El plan ha sido recibido con división de opiniones. Las más favorables proceden de quienes consideran un acierto la desaparición de la sección segunda. Entre las filas conservadoras ha destacado la dura crítica de R¡chard Shepherd, que en enero planteó su propia reforma y a quien su propio Gobierno consiguió derrotar a duras penas. Para Shepherd, la futura ley es represiva. La oposición laborista la considera draconiana.
