El juez de los GAL advierte a los jefes policiales que declaran como presuntos inculpados y no como testigos

El director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, se negaron ayer a declarar ante, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a los GAL sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior siguiendo las órdenes del Gobierno socialista, según informaron fuentes del caso. Antes de iniciar sus declaraciones, fueron advertidos por el juez que comparecían como presuntos inculpados en las investigaciones abiertas sobre la conexión de policías e instituciones españolas en los atentados del mencionado grupo terrorista, siempre según dichas fuentes. Ambos incurrieron en varias contradicciones que no explicaron y se remitieron a informes que han recibido de sus subordinados.

Rodríguez Colorado, que compareció sin abogado, no supo explicar al juez Baltasar Garzón por qué la identidad falsa como Genaro Gallego Galindo del subcomisario José Amedo figuraba en un informe como facilitada por motivos de seguridad, mientras en otro se decía que se le entregó solo para la misión concreta de su viaje a Portugal. El director de la Policía tampoco supo explicar por qué dos informes de dos ex jefes de la Brigada de Información de Bilbao, fechados en diferentes ciudades debido a sus nuevos destinos, contenían respuestas no solo idénticas sino calcadas.El actual responsable de la Policía no reveló cuánto dinero fue entregado a Amedo para su viaje a Lisboa, donde contrató a mercenarios portugueses que realizaron dos atentados en el sur de Francia, según consta a la justicia francesa.

Rodríguez Colorado, a pesar de no responder sobre los fondos reservados, reconoció que el subcomisario Amedo podía haber realizado un uso indebido de dichos fondos por las importantes cantidades de dinero que gastó en los casinos. El director reconoció que existe un informe interno sobre esos gastos de Amedo, pero no concretó si se habían constatado las supuestas irregularidades del policía implicado en la trama de los GAL.

A preguntas de Fernando Salas, responsable de la acusación popular en el caso, sobre si podía afirmar categóricamente que el viaje de Amedo a Portugal fue realizado en solitario y para fines oficiales, el director de la Policía respondió que no podía poner la mano en el fuego por nadie, pero que tampoco podía dudar en principio de los informes que le han remitido.

Rodríguez Colorado no era aún director general de la Policía en las fechas del viaje de Amedo a Portugal (enero-febrero de 1986), pero afirmó que no había contactado con su antecesor, Rafael del Río, para verificar todo lo relativo al caso.

El j efes Superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, dijo que el viaje de Amedo a Lisboa duró uno o dos días (el 31 de enero y 1 de febrero), pero el juez le enseñó entonces un informe del Consejo Superior Bancario donde figura que Amedo cobró dos cheques en Lugo y Tuy los días 3 y 4 de febrero. El juez le preguntó si estas localidades figuraban dentro de su región policial (País Vasco), en la que anteriormente dijo que se encontraba Amedo esos días. Planchuelo respondió con un lacónico no. El jefe Superior de Bilbao reconoció que el permiso verbal dado a Amedo para su viaje a Lisboa es el único que conoce, y añadió que el entonces jefe de dicha brigada, Julio Hierro, no le explicó las razones concretas del viaje.

El responsable policial del País Vasco respondió también que no tiene forma de controlar si Amedo realizó otras gestiones en su viaje a Lisboa. Planchuelo no supo explicar por qué se retrasó tanto el facilitar una identidad falsa a Amedo (1986) cuando anteriormente el responsable policial afirmó contundentemente que el subcomisario estaba amenazado desde 1968.

Planchuelo no quiso declarar sobre los gastos reservados del Ministerio del Interior, aduciendo las órdenes recibidas de sus superiores y no por que le amparase la Constitución. Sin embargo, sí acudió a ese amparo para no responder a las preguntas de Fernando Salas, responsable de la acusación popular.