Felipe González dio la orden al ministro y a sus subordinados

La orden de que el ministro del Interior, José Barrionuevo, ni ninguno de sus subordinados, contesten al juez Baltasar Garzón -encargado de la investigación sobre los GAL- sobre el destino dado a los fondos reservados del Ministerio del Interior procede del presidente del Gobierno, Felipe González, según altas fuentes judiciales. El criterio de Barrionuevo, del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y del fiscal general del Estado, Javier Moscoso -según las mismas fuentes-, era ofrecer al juez Garzón unas respuestas amplias sin dar información concreta sobre los fondos reservados, pero no una negativa frontal a responder.Por otra parte, los esfuerzos de este periódico para obtener información directa del fiscal general del Estado -a quien corresponde legalmente iniciar acciones penales cuando conoce la existencia de un delito- no dieron resultado ayer. Durante gran parte del día Moscoso permaneció reunido con los miembros del Consejo Fiscal, con los que también almorzó, y no contestó a los recados dejados en su secretaría. Sin embargo, juristas amigos personales de Moscoso dieron cuenta de la preocupación del fiscal general del Estado por "la salida poco airosa que le han dejado".

El ministerio fiscal, personado en la investigación judicial sobre la presunta implicación policial e institucional en los GAL, tenía prevista, según estas fuentes, una estrategia jurídica para eludir la respuesta a las preguntas del juez Garzón. Esta estrategia, consistente en ofrecer extensas respuestas escritas o verbales mediante las cuales se eludiera facilitar datos concretos sobre el uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior, ha quedado paralizada como consecuencia de la orden tajante del presidente González de negarse a contestar.

Según las altas fuentes judiciales antes citadas, ninguna autoridad gubernamental tenía la voluntad de responder concretamente a las preguntas judiciales, pero tampoco deseaban el choque frontal con el poder judicial. Amigos personales de Barrionuevo aseguraron que se encontraba "preocupado" por la decisión presidencial. Asimismo, juristas que el martes pasados hablaron con el juez Garzón resaltaban el hecho del acento puesto por el magistrado no tanto, en la negativa de Barrionuevo a contestar como en el hecho de que tal actitud se produjera "sin argumentaciones".

De persistir la solución por ahora adoptada, la única decisión que podría adoptar el juez Garzón, según todas las fuentes jurídicas consultadas, sería solicitar del Tribunal Supremo, con informe favorable o desfavorable del fiscal, el procesamiento de Barrionuevo. La decisión del alto tribunal estaría muy condicionada por la composición que tuviera en ese momento.

No 'inviolables'

La confusión existente en medios gubernamentales sobre unos fondos económicos cuyo carácter de reservados se pretende asimilable a su condición de inviolables, es rechazada en medios jurídicos, que insisten en que los gastos de libre disposición del Ministerio del Interior, aunque estén fuera del control económico, no tienen el carácter de secretos y, del mismo modo que otros bienes jurídicos protegidos, ceden ante la investigación judicial pena¡.La posible invocación del artículo 417.2 de la ley de Enjuiciamiento Criminal parece jurídicamente endeble a las fuentes consultadas. Tal precepto permite que no sean obligados a declarar "los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que, por razón de sus cargos, estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida". Aparte del carácter jurídicamente no secreto de los fondos reservados, "la obediencia debida sólo podrían invocarla los subordinados, no quienes mandan, es decir, el Gobierno", dijeron tales fuentes.