Pujol plantea a Solchaga y Almunia la revision de la financiacion autonómica

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, planteó ayer a los ministros de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, Carlos Solchaga y Joaquín Almunia, respectivamente, la necesidad de revisar el actual sistema de financiación autonómica y, consecuentemente, los porcentajes de participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Pujol finalizó con esta reunión, que duró más de cuatro horas, sus entrevistas con miembros del Gobierno y se negó a responder cualquier pregunta sobre el resultado de las reuniones, los temas abordados y las perspectivas de mejorar el clima en las relaciones entre ambas administraciones.

El presidente de la Generalitat acudió al encuentro con los dos ministros acompañado de los dirigentes de su partido, Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC), Miquel Roca, Maciá Alavedra y Josep Maria Cullell. Según diversas fuentes, Pujol fundamentó su exposición en un estudio elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat. Este estudio, elaborado bajo la dirección del conseller Josep Manuel Basáñez, concluye que Cataluña sufre una discriminación en relación al sistema de financiación vigente para Euskadi, y propone revisar el sistema catalán.El mencionado estudio, del cual nada ha trascendido y que fue entregado a Basáñez durante el pasado abril, revela, entre otras cosas, que la desviación del actual sistema de financiación por el que se rigen las comunidades autónomas es muy lesivo para Cataluña. Si la financiación de la Generalitat siguiera unos parámetros similares a los utilizados para Euskadi, el Gobierno catalán tendría unos ingresos adicionales estimados en más de 100.000 millones de pesetas.

La coalición nacionalista que gobierna la Generalitat se propone hacer de la reivindicación de un nuevo sistema financiero batalla permanente durante esta legislatura, según anunció el propio Pujol durante el debate parlamentario de su investidura como presidente.Basáñez ya manifestó a principios de año que el acuerdo alcanzado entonces entre la Administración central y el Gobierno vasco sobre el cupo [la aportación del País vasco al Estado, como contribución a todos los servicios que no asume esa comunidad autónoma] suponía una diferencia de trato con las 15 comunidades autónomas de régimen común a las que afecta el actual modelo de financiación autonómica y también una ruptura importante de los acuerdos suscritos en 1986, que fijaron el sistema de financiación vigente de estos momentos.

Los más de 100.000 millones de pesetas de desviación, según se desprende de este trabajo, equivaldrían aproximadamente a un 15% de incremento del presupuesto de la Generalitat del ejercicio de 1988, que ascendió a 667.000 núllones de pesetas.

Hermetismo total

Ningún portavoz gubernamental quiso valorar ayer tarde el resul tado de las conversaciones man tenidas con Pujol con los minis tros Barrionuevo [al que vio el viernes], Solchaga y Almunia Los representantes de la Generalitat, que acompañaban a Pujol, mantuvieron también un estricto silencio, por orden expresa del presidente, que estaba visiblemente molesto ante la presencia de los representantes de los me dios de comunicación que le intentaron abordar en todos sus desplazamientos.Fuentes de la Generalitat habían comentado antes del encuentro de ayer que Pujol daba mucha importancia a sus entrevistas con los ministros, aunque sabía de antemano que difícilmente obtendría resultados concretos a corto plazo.

Tras su visita de este fin de semana a Madrid parece evidente que Pujol ha decidido variar su estrategia política de los últimos años y ha asumido personalmente la negociación con los ministros más cualificados del Gobierno de Felipe González. Durante ocho años, el presidente catalán ha sido reacio a este tipo de encuentros por considerar que en sus viajes a Madrid tan sólo debía entrevistarse con Felipe González, dejando para sus consellers las reuniones con los ministros.

La Generalitat también reclama al ministro de Economía que reúna "de manera urgente" al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el máximo organismo en materia de financiación autonómica. Según el reglamento por el que se rige, este organismo debería haberse reunido antes del pasado 31 de diciembre. La presencia de Almunia en la reunión dio pie a pensar que en la mesa de trabajo también se trató la posibilidad de convocar una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias. En esta reunión debería acordarse elevar al Tribunal Constitucional los traspasos de servicios sobre los que aún no hay acuerdo para su transferencia. Entre ellos figuran el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y el Instituto Nacional de la Salud (INS). Ambas administraciones estudian, sin un acuerdo aparente hasta el momento, la fórmula jurídica para acudir al Tribunal Constitucional y evitar que éste se inhiba.