En el límite de lo humano

LA EXPANSIÓN del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) -unida a una masificacíón incontenible- amenaza con convertir las prisiones españolas en lugares de exterminio más parecidos a guetos o a campos de concentración que a centros penitenciarios propios de sociedades desarrolladas. El informe del anterior defensor del pueblo sobre la situación de las cárceles, recibido con animosidad y silencio por el Gobierno, fue un aviso autorizado de lo que está ocurriendo en el interior del mundo carcelario. Otros documentos más recientes abundan en la gravedad de una situación que, por más esfuerzos que se hagan desde los estamentos oficiales para ocultarla, no por ello deja de existir. El miedo a las palabras no debe impedirnos calificar en sus verdaderos términos lo que está ocurriendo, por mucho que la expresión "exterminio" esté siendo utilizada alevosamente en los últimos meses por los corifeos de quienes están más lejos de sufrir esa situación: los presos etarras, tratados con una consideración mayor que la que merecen otros delincuentes menos organizados.Con ocasión de la IV Conferencia Internacional sobre el SIDA, celebrada hace días en Estocolmo, se ha hecho público que las cárceles madrileñas de Carabanchel (hombres) y Yeserías (mujeres) contienen el mayor porcentaje (44%) de reclusos infectados de entre todas las prisiones de un numeroso grupo de países fuertemente afectados por la enfermedad. El dato no es nuevo, pero su publicación en tan importante foro internacional y científico tal vez consiga lo que no han logrado las denuncias anteriores: inquietar a los responsables de tanto dolor y miseria. No es casualidad ni mala suerte, ni son los hados del destino los que han hecho que la situación llegue a este límite de inhumanidad. Es el Gobierno socialista el que ha contemplado esta degradación sin atajarla.

El tiempo urge, porque cada nuevo dato que se conoce sobre el deterioro asistenclal y sanitario en las prisiones españolas revela que nos encontramos ante una situación límite. El médico de la prisión de Basauri (Vizcaya) reconoce que el 70% de los 254 ínternos de este centro están afectados por el virus del SIDA, y un informe de la Asociación de Colaboradores con las Presas (Acope) admite que el 80% de las 500 reclusas de Yeserías -población que supera con mucho la- capacidad teórica del centro- son consumidoras de drogas y, por tanto, fáciles presas del contagio por vía intravenosa.

Todos estos datos constituyen irrebatibles testimonios de que la política de reinserción social del recluso con la que los socialistas iniciaron su gestión es hoy poco más que un recuerdo. Tras la eclosión reformista de la época de Martínez Zato al frente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (1983-1985), en la que se mantuvo poco menos que a punta de lanza la defensa de los derechos legales de los presos, la política practicada por los socialistas ha ido de mal en peor, atrapada en las contradicciones por las que ha discurrido la actitud global del Gobierno ante el orden público y la seguridad ciudadana. Resultado de todo ello es que las cárceles españolas están ahora más atestadas que nunca (30.054 reclusos a mediados de este mes), lo que hace materialmente imposible poner en práctica en su interior los principios recogidos con énfasis en la Constitución y en las leyes penitenciarias. Pero no por eso la seguridad ciudadana ha mejorado. El triunfo de las teorías de Barrionuevo frente a las de Ledesma ha propiciado así la extensión de la delincuencia, el aumento de la marginación social, el deterioro del orden público y la conversión de las cárceles en verdaderos guetos.

No parece que la reacción de los responsables de tan catastrófica situación vaya más allá de reforzar aún más las medidas de silencio con que pretenden poner sordina a los gritos de angustia que vienen de las cárceles. Es la inevitable secuela de una concepción del manten.imiento del orden público tan vergonzantemente represora como espantosamente inútil.