Tráfico de influencias

LA PRÓXIMA semana será debatido por el Pleno del Congreso el dictamen elaborado por la comisión de incompatibilidades y tráfico de influencias, creada a raíz de la difusión de informaciones sobre comportamientos supuestamente corruptos de altos cargos de la Administración. El dictamen consta de 19 recomendaciones destinadas a reforzar los mecanismos de control de la actividad de los parlamentarios y altos cargos que pueda tener incidencia en sus intereses personales o profesionales. Alianza Popular, patrocinadora de la iniciativa, se retiró de la comisión al no conseguir que comparecieran ante la misma algunos ex altos cargos socialistas que serían sospechosos, en opinión de dicho partido, de utilizar su paso por la Administración para establecer relaciones de las que se habrían bieneficiado personalmente tras su cese en el cargo.Los socialistas, que siempre contemplaron con desconfianza la iniciativa de AP, han llevado su recelo hasta la pretensión -acertadamente desestimada por el presidente de la Cámara- de que el Pleno que estudiará las conclusiones de la comisión sea declarado secreto. Entre ese recelo y la torpeza de AP, la comisión ha ido perdiendo gas hasta desinflarse en medio de la indiferencia general. Lejos de la pretensión inicial de investigar conductas concretas, su objetivo ha sido reorientado hacia el más modesto fin de recomendar al Ejecutivo las iniciativas legislativas necesarias para colmar las lagunas legales existentes.

La desconfianza de los socialistas se expresó desde el primer momento en la exigencia de que el campo de investigación se ampliase a todo el período democrático, es decir, desde las elecciones de 1977. Con ello se pretendía neutralizar a los partidos que, como el CDS, la Democracia Cristiana y sectores de AP, contaban en sus filas con antiguos altos cargos de los Gobiernos de UCD. El efecto fue diluir la investigación de tal forma -afectaría a centenares de personas, muchas de ellas alejadas hoy de toda actividad política- que resultaba inviable en la práctica. Simultáneamente, AP, estimulada por los correos de la demagogia sin fronteras, planteó una estrategia de sospecha generalizada que se reveló jurídicamente imposible y políticamente peligrosa. Trasladó a los investigados la carga de la prueba de su inocencia y se dejó deslizar por la pendiente del verbalismo, difundiendo acusaciones e insinuaciones a voleo, proporcionando carnaza a los sectores empeñados en demostrar que existe una identidad sustancial entre la práctica de la política parlamentaria y la corrupción. Entre unos y otros estaban convirtiendo la comisión en coartada para un proceso a la democracia y a los políticos en objeto de un linchamiento anónimo e indiferenciado.

Así las cosas, resultó casi un alivio que un informe de los letrados de la Cámara permitiera la salida, poco airosa pero práctica, de reorientar la comisión hacia la implantación de un "régimen preventivo antes que sancionador". Con ello se amnistiaban prácticas merecedoras probablemente de la reprobación de los ciudadanos, pero se evitaba la condena genérica e indiferenciada.

Ésa ha sido la orientación finalmente dominante en las 19 recomendaciones de la comisión. Entre éstas destaca la que establece que los parlamentarios que tengan interés personal o profesional en un asunto que sea objeto de trámite parlamentario "deberán manifestarlo así al Registro o, en su caso, antes de su intervención en comisión o pleno". Es decir, que no se considera incompatible la existencia de esos intereses con la práctica parlamentaria, sino que se exige que ella sea públicamente conocida. Con ello se franquea un primer paso haca lo que es orientación predominante en la tradición parlamentaria anglosajona, más inclinada a considerar a la Cámara como una representación de intereses que de ideologías, dando por supuesto que la pluralidad de esos intereses tenderá, a producir un equilibrio representativo de los de la mayoría. Pero para ello es indispensable que la transparencia sea máxima y que las incompatibilidades se definan con precisión. El debate de la próxima semana permitirá conocer hasta dónde están dispuestos a llegar los partidos en esa dirección.