Siete detenidos, entre ellos un teniente coronel, por una presunta estafa de 1.000 millones de pesetas

Siete personas han sido detenidas en Barcelona y Madrid por su presunta implicación en una estafa valorada en 1.000 millones de pesetas, consistente en captar anuncios para revistas privadas de pequeña tirada que, por sus nombres, simulaban ser oficiales. Entre los detenidos está el teniente coronel del Ejército Mariano Aguilar Olivencia -de 58 años, hoy en la reserva-, acusado de apropiarse de 12 millones, y un profesor de la facultad de Ciencias de la Información de Barcelona. la policía ya detuvo a mediados de abril a siete publicitarios por esta misma estafa.

La detención de Aguilar Olivencia se realizó a primera hora de la tarde en la calle Velázquez, de Madrid, en la oficina de Acontecimiento España, S A, donde tiene su despacho Germán Luis Menéndez, propietario de numerosas revistas. El militar estaba ayer en dependencias policiales, a la espera de ser entregado al juez.Ya hace meses, según informaciones oficiales, el teniente coronel fue visitado por un jefe militar adscrito al Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), encargado de investigar las presuntas irregularidades en las que estaba involucrado. El teniente coronel fue jefe de la oficina de prensa del Ejército de Tierra entre 1978 y 1981. Posteriormente, pasó a la llamada Reserva Transitoria, situación a la que se incorporan voluntariamente algunos militares, que abandonan la situación de actividad pero continuan cobrando íntegros sus salarios.

Los investigadores consideran que los presuntos estafadores detenidos ahora son los cerebros de toda la operación, ya que prepararon toda la infraestructura de las revistas para ser editadas. En cambio, los detenidos en abril son, según la policía, los que ejecutaron la operación y se encargaron, a través de sus empresas de publicidad, de contratar los anuncios.

Los supuestos estafadores daban al nombre de las revistas un tono oficial: Duque de Ahumada-Guardia Civil, Policía Judicial, Tráfico, Cruz Roja, Prensa Militar o Inspección de Trabajo. Los clientes, según han manifestado en las denuncias presentadas a la policía, aceptaban la inserción de publicidad en las revistas pensando que se trataba de verdaderas publicaciones oficiales.

Las revistas dirigidas por Olivencia -en las que figura como redactor jefe un hijo suyo llamado Carlos- son propiedad de Germán Luis Menéndez, quien ya fue detenido anteriormente en relación con estos hechos, si bien fue puesto en libertad sin fianza alguna, según comentó ayer el propio afectado, propietario también de empresas como Gerpuplix o Gerpublic, informa Jesús Duva.

"Especial celo"

El abogado de Menéndez, Esteban Gómez Rovira, señaló que se trata de "un extraño caso" en el que la policía está demostrando tener "un especial celo". Germán Luis Menéndez edita numerosas revistas, pero, según afirma, no hay nada ilegal en su actividad. Para su abogado, hay revistas que contratan publicidad y luego no la insertan, "y eso es un timo", pero no es el caso de las de Menéndez, porque él sí inserta los anuncios, explica el letrado.

Por cada página, la tarifa media supera las 100.000 pesetas, de las que el 50% son para el agente que consigue la publicidad y el resto para el empresario. Germán Luis Menéndez llegó a firmar un contrato en exclusiva para gestionar la publicidad de la revista Unión Sindical, editada por la Dirección General de Policía y órgano oficial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de cuyos dirigentes señaló ayer que hace varias semanas denunciaron el contrato a raíz de las primeras detenciones. En una primera operación policial, se detuvo a mediados de abril a siete ejecutivos publicitarios, entre los que se encontraba Gabriel Prieto Gómez, ex jefe de publicidad de la revista Ciudadela, órgano del Gobierno Militar de Barcelona. Prieto tiene una condecoración militar. Entre los ahora detenidos -que trabajaban en cinco empresas diferentes- destaca, además del citado militar, acusado de apropiarse de unos 12 millones de pesetas, José Luis Riva Amella, de 49, profesor de Tecnología de la Información de la facultad de Ciencias de la Información de la universidad Autonóma de isarcelona (UAB), detenido en la capital catalana, y a quien se acusa de apropiarse de 23 millones. En Barcelona ha sido detenidos también Antonio Zabaco Costa, de 53 años; Fernando Conzález Azcona, de 72, y Álvaro González Aguirre, de 29, estos dos últimos, padre e hijo y ambos recaudadores de impuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Los detenidos en Madrid son Evaristo García Fernández, de 41 años, y Miguel Alcalde Sánchez, de 74.

De éstos, Fernando González Azcona está acusado de apropiarse de 60 millones de pesetas, y Antonio Zabaco, de 32 millones, según la policía. Miguel Alcalde Sánchez, puesto en libertad pocas horas después de su detención, comentó a este periódico que "todo es falso" y que se sentía "engañado" por la policía, porque sólo se ha dedicado "a vivir honestamente". "¡Qué risa me da! ¿Cómo voy a tener esa cantidad?", dijo al decirle que la policía de acusa de beneficiarse de 25 míllories de pesetas.