Ilegales

La cosa militar disfruta de un delicado eufemismo, caro a todos los Estados: defensa. Pero es en momentos como éste, a punto de pagar religiosamente nuestros impuestos, cuando los ciudadanos pacíficos y pacifistas debemos sentirnos más indefensos. Porque no podemos defendernos legalmente de la obligación de destinar una parte de nuestro dinero a subvencionar un asunto en el que no sólo no tenemos interés, sino que nos inspira horror.En 1987, el Estado español dedicó a lo militar más de un billón de pesetas, sin incluir en esta cifra el porcentaje de deuda pública que se destina a la misma causa, ni las partidas de los ministerios civiles que trabajan en temas relacionados con lo militar: Industria, para energía nuclear; Obras Públicas, para arreglo de carreteras de valor estratégico, y algún que otro.

La legislación vigente en materia de impuestos no prevé la objeción fiscal. Hoy por hoy, rellenar una carta-instancia dirigida al Ministerio de Hacienda, haciendo constar que no queremos que el 8,7% de nuestro mi puesto personal se destine a defensa, y especificando que deseamos que se utilice para otros fines sociales, constituye un acto de desobediencia civil. Sin embargo, lo está haciendo mucha gente. Y otras desobediencias acumuladas han acabado por convertirse en ley a fuerza de paciencia y años. Para que no decaiga, la Comisión de Objeción Fiscal está en la labor y tiene ya un montón de gente. Gente que se ha hecho ¡legal de un modo decente.

No es sólo contra los misiles, los tanques, los aviones y las costosas oficinas que hay que ponerles a tantos gestores defensivos como tenemos. Uno tampoco tiene el menor interés en costear los fuegos artificiales en los que cada año mueren jóvenes soldados, ni los camiones que los arrasan mientras duermen, ni los fusiles con los que se suicidan cuando están hartos. Puestos a no querer pagar, ni la mahonesa con la que se agarran la salmonella.

Ni el chivo-mascota de la Legión, que buena falta le hace al pobre que le manden a retiro.