IU propone 6 años de pena para los policías que torturen

Izquierda Unida (IU) confía en que el Parlamento tipifique el delito de tortura y que se eleve la pena mínima hasta seis años y un día para el funcionario policial que infrinja a un detenido malos tratos, a través de una proposición de ley que hoy presentará en el Congreso.Para propone la modificación del artículo 204 bis del Código Penal, endureciendo las penas y ampliando los supuestos. Según el portavoz de IU, Nicolás Sartorius, hoy la tortura "es muy barata".

A modo de ejemplo, Sartorius señaló que en este país se castiga con prisión menor a aquel que ejerza una profesión sin título, mientras que la tortura se pena sólo con arresto mayor."Esto es clasista y siniestro", dijo Sartorius.

"Después del informe sobre malos tratos realizado por el Defensor del Pueblo y del caso el Nani se hace más que necesaria la reforma del Código Penal para endurecer y tipificar el delito de tortura", estimó este portavoz.

La reforma que propone IU, en la que según este portavoz han trabajado numerosos penalistas, amplía el espectro de conductas susceptibles de dar pie a la tortura, entre ellas el aborto ocasionado por malos tratos, la violación, abusos des honestos y estupro. Hasta ahora sólo figuraban el homicidio, las lesiones y las coacciones. Asimismo añaden otra figura, la llamada tortura-castigo: cuando se tortura o se cometen "prácticas vejatorias o degradantes" sin finalidad de extraer confesión, sino como castigo previo antes de empezar cualquier diligencia.

Nicolás Sartorius afirma que uno de los aspectos más destacados de la reforma que proponen es la ampliación de las penas, de forma que queda fijado un mínimo de penalidad de seis años y un día más la pena que tenga por el delito concreto que haya cometido.

Dos penas por violación

A título de ejemplo señaló que si el caso es de violación, el agresor tendrá la pena que corresponda a ese delito en el ordenamiento jurídico más la que se deba por el de tortura. Para los funcionarios que cometieran estas prácticas vejatorias la inhabilitación es absoluta y no temporal o especial como ocurre actualmente.

La reforma propuesta -modificación del artículo 204 bis del Código Penal- dice textualmente: "La autoridad o funcionario público que en el curso de la investigación policial o judicial, y con el fin de obtener una confesión o testimonio, cometiere alguno de los delitos previstos en los capítulos ( ... ) de este Código será castigado como autor de un delito de tortura con la pena superior en grado a la señalada al delito, sin que en ningún caso la sanción pueda ser inferior a la pena de prisión mayor [seis años y un día a 12 años]".

La autoridad o funcionario público que con cualquier finalidad distinta a la de obtener confesión o testimonio sometiera a las personas que se encuentren bajo su guarda o sometidas a su actuación "a condiciones o procedimientos que le intimiden o violenten su voluntad será castigado con la pena de prisión menor en su grado máximo".

En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias que cometieren respecto de detenidos o presos los actos citados, "así como el funcionario o particular que realizare las mismas conductas respecto de personas sometidas a su tratamiento o internamiento por resolución judicial".

Este párrafo se refiere a personas que tienen a su cargo la vigilancia de perturbados mentales en centros especiales o incluso las actuaciones de los vigilantes jurados. Sartorius confía en que esta reforma sea aceptada para evitar "que la tortura en España siga siendo tan barata".

Sartorius quiere resaltar que con la aprobación de esta proposición de ley aparecería en España por primera vez "el delito de tortura con nombre propio, lo que significa una constitucionalización del mismo". Con ello hace referencia al artículo 15 de la Constitución en el que se expresa el derecho de todos a la vida y a la integridad física.