Antejuicio contra el juez que procesó a los subasteros

La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebró ayer la vista del antejuicio contra José María Álvarez Seijo, titular del Juzgado de Instrucción número, 24 de Madrid, que decretó los procesamientos de un grupo de subasteros y funcionarios de la Administración de Justicia de Madrid que se dedicaban a amañar las subastas judiciales. Uno de los subasteros procesados por Álvarez Seijo, Ernesto García López, presentó una querella contra el juez por supuestas irregularidades en la tramitación del sumario, que ha dado lugar al antejuicio.

El antejuicio es un procedimiento especial para enjuiciar a jueces y magistrados, que consiste en una vista previa en la que se decide si hay motivos justificados para seguir las actuaciones contra la autoridad en cuestión.Álvarez Seijo, ahora destinado en la Audiencia Territorial de Madrid, procesó a García López como presunto autor de delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, cohechos, coacciones, estafas y falsedades en subastas judiciales. El juez ordenó el ingreso en prisión del subastero a fines de enero de 1987 y lo puso en libertad bajo fianza de cuatro millones de pesetas el 12 de marzo de ese año.

El 21 de abril, Miguel Palacios, abogado de García López, presentó la querella contra el magistrado por decretar la prisión del subastero en una resolución en la que, a su entender, no se explicaban los motivos.

El abogado afirmó en el antejuicio que no existe en todo el sumario una sola razón que justificara la detención y posterior ingreso en prisión de Ernesto García López, y añadió que si el juez decidió mantenerle en prisión durante 51 días fue por su negativa a acusar a funcionarios.

El letrado precisó que el ingreso en prisión de su defendido precisaba una mínima explicación y que el magistrado amenazó a su cliente con mantenerle en prisión si no revelaba los nombres de cuatro funcionarios implicados en las subastas.

El fiscal, José Antonio Martín Pallín, pidió que no se admitiera la querella del subastero porque los hechos no constituyen delito alguno. Añadió que el juez estaba investigando la corrupción en la Administración de Justicia y tenía que obrar en consecuencia con la gravedad de los hechos. Respecto a la supuesta falta de motivación del auto de prisión, el fiscal insistió en que no había conducta delictiva por parte del juez, aunque pudiera haber algún error formal.