Proceso en Argentina contra los sublevados civiles de enero

Los procesados civiles por la toma del Aeroparque, el segundo aeropuerto de Buenos Aires, ocurrida el 18 de enero pasado, durante el motín del teniente coronel Aldo Rico, convirtieron el primer día de juicio contra ellos en un foro de acusaciones de corrupción contra el mando de la Fuerza Aérea Argentina.El primer proceso por los sucesos de enero comenzó el martes por la tarde en Buenos Aires, en una sesión que duró seis horas, en la misma sala que fue testigo del juicio contra los comandantes de las juntas militares de la dictadura.

El duro invierno anticipado que padece Buenos Aires convirtió la sala en una nevera. Esto permitió que las mujeres familiares de los acusados convirtiesen la sala en una exhibición de sus pieles, que no se quitaron durante las seis horas. También se encontraba en la sala el ex general Jesús Capellini, que en 1975 fue un precursor de los hoy acusados. Aquel año, Capellini también participó en una toma del Aeroparque, en un intento de golpe contra el Gobierno de Isabel Perón.

Ley de defensa de la democracia

Los siete acusados civiles, que en enero tomaron con las armas el Aeroparque de la capital, mientras Rico estaba a punto de rendirse en Monte Caseros, comparecieron ante el tribunal bien trajeados y sonrientes.En el proceso contra los siete civiles se aplica por primera vez en Argentina la Ley 23.077, de Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional, que introduce la causa oral y pública y agiliza el procedimiento. Esta transparencia contrasta con la oscuridad del proceso que se sigue en la jurisdicción castrense contra los militares que participaron en los mismos hechos que los siete acusados civiles.

Los fiscales leyeron las acusaciones: tenencia ilícita de armas y explosivos, coacción agravada por el uso de armas, privación ilegal de libertad con armas y amenazas, entorpecimiento del transporte aéreo, rebelión agravada para poner en peligro la plena vigencia de la Constitución.

La declaración del abogado Óscar Calzada, 35 años, que trabajaba para los servicios secretos de la Fuerza Aérea, empezó con un golpe de efecto. Calzada solicitó la recusación del presidente de la sala, Juan Cortolezzi, "por enemistad manifiesta".

El agente Calzada reconoció haber llevado armas y uniforme de campaña el día de la toma de Aeroparque, pero justificó que no fue una rebelión, sino una protesta contra la "maraña de corrupción" en el mando de la Fuerza Aérea. El segundo objetivo de la acción, según Calzada, fue impedir la "guerra civil", porque aquel día la aviación estaba preparada para reprimir la rebelión de Rico en Monte Caseros.

En la lista de acusaciones contra Crespo, Calzada no se privó de nada: malversar fondos, tener una amante, encubrir una mesa de especulación de dinero, usar en provecho propio los servicios de agentes y un largo etcétera.