La ceremonia del impuesto

COMO TODOS Ios años por estas fechas, los españoles se encierran los fines de semana para intentar descifrar -tarea titánica, y finalmente imposible- y cumplimentar los complicados formularios del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). También como todos los años, el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha venido precedido de una campaña en la que desempeñan un papel central las noticias ejemplares sobre procesamientos de conocidos artistas, y más recientemente de deportistas, e incluso del presidente de un conocido club de fútbol. Todo parece funcionar con arreglo a las normas habituales.La principal novedad impositiva de este año ha sido la reducción general de la tarifa del impuesto en un 5% para compensar los efectos de la inflación. Se trata de una práctica habitual en otros países, pero aquí ha sido absolutamente novedosa, ya que hasta ahora las tarifas se habían endurecido algunos años y se habían dejado sin tocar otros, con lo cual el simple juego de la inflación ha hecho que la carga impositiva soportada por los españoles haya crecido desmesuradamente en el último quinquenio, sin que, en contrapartida, los servicios que el contribuyente debe recibir hayan mejorado lo más mínimo.

El crecimiento de los ingresos por impuestos directos en los últimos meses, a pesar de la reducción de las retenciones, demuestra que el número de contribuyentes que paga es hoy mayor que hace unos años. A ello ha contribuido decisivamente la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), que ha hecho aflorar a la superficie fiscal centenares de miles de pequeñas empresas. Pero junto a ello hay que señalar que los principales sujetos del impuesto son, hoy como ayer, los asalariados y que, a pesar de ello, Hacienda se obstina en tratar a las rentas del trabajo como a las que proceden del capital. Por otra parte, se deposita en los artistas la función de servir de ejemplo, como si se tratase de un gran espectáculo fiscal dedicado a la edificación de los españoles; más valdría mejorar la eficacia en el uso de los recursos para despertar la adormecida conciencia fiscal de los contribuyentes y utilizar como valor de ejemplo una inspección fiscal a la altura de los tiempos para acabar con las enormes bolsas de defraudación que aún existen en España y que son perfectamente conocidas por los agentes recaudatorios. Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, parece dedicar todo su esfuerzo antes a polemizar con los editorialistas de los diarios que a solucionar, en plena campaña de declaraciones, el conflicto con sus inspectores fiscales.

El reclamo oficial para el pago del IRPF llega este año en un momento particularmente inoportuno: todos los días aparecen noticias sobre presuntos tráficos de influencias y sobre la inoperancia de la comisión creada para investigar estos problemas y proponer medidas que los solucionen. El casi seguro fracaso de esta comisión y su negativa a examinar incluso aquellos casos en los que parecen existir fundados indicios de utilización abusiva del poder en provecho propio, han provocado un escepticismo generalizado en cuanto al principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, la pasividad de que han hecho gala las autoridades económicas ante los métodos utilizados para el enriquecimiento de unos pocos en la bolsa o mediante la especulación inmobiliaria, han terminado por acreditar la idea de que todo vale en el camino hacia el enriquecimiento instantáneo. En estas condiciones, la tarea de las autoridades fiscales es particularmente difícil: es ya muy tarde para intentar despertar unos estímulos morales adormecidos por el espectáculo cotidiano de la riqueza fácil.

En este contexto, las cosas podrían simplificarse para los contribuyentes. Si no hay otro camino que el del amedrentamiento, resulta de un refinado ensañamiento complicarles además la existencia mediante el relleno de unos formularios incomprensibles para la inteligencia de cualquier ciudadano medianamente dotado. Hacienda continúa utilizando un lenguaje pretendidamente técnico, pero que en realidad es críptico y sólo muestra la deformación o la ignorancia gramatical de quienes los redactan. Ni las leyes presupuestarias están por encima de las leyes orgánicas o de la propia Constitución, como parecen creer algunos, ni el lenguaje fiscal puede dedicarse a destruir la lengua española, la coherencia lógica y la confianza en sí mismos de los españoles alfabetizados. Si una pequeña fracción de los gastos que origina la campaña de concienciación fiscal se dedicase a la búsqueda de fórmulas comprensibles para los contribuyentes, es probable que el desagradable trago del relleno de los impresos se viese suavizado.