Momentos de crisis
La situación sanitaria de nuestro país está atravesando un momento de crisis. La aprobación de la ley general de Sanidad debería haber configurado el marco de la reforma sanitaria, de cuyo desarrollo habría de surgir el sistema nacional de salud, que, en esencia, parecía diseñar un sector sanitario público que atendiera las necesidades, no sólo asistenciales, de los ciudadanos.Pero desde hace algún tiempo se viene suscitando en los medios de comunicación una campaña, promovida por la Organización Médica Colegial y las compaftías de aseguradoras y clínicas privadas, que pretenden retrotraer la situación y poner en marcha lo que se ha denominado sanidad mixta. El principal problema está en la actitud de la Administración, que parece avalar estas tesis, y en el incumplimiento del desarrollo normativo de la ley general de Sanidad, con lo que la reforma está realmente estancada.
Esta polémica puede abordarse desde dos vertientes. La primera es que si la sanidad queda en manos privadas, se produce un déficit de aquellos sectores menos rentables, marginando a los grupos de población más deprimidos y de menor nivel socioeconómico, que se ven obligados a acudir a sistemas de beneficencia.
Por otro lado, el coste, total de la asistencia se ha demostrado muy superior en aquellos países con sistemas liberalizados que en los que poseen un sistema público de salud, siempre con niveles homologables de atención sanitaria. Los ejemplos más conodidos son los del Reino Unido y EE UU, que dedicaban en 1982 un 6,3% y un 10,6%, respectivamente, de su PIB a la sanidad. Ello es fácilmente entendible si se tiene en cuenta que la demanda de los servicios sanitarios la generan, en gran medida, los propios agentes sanitarios, que son quienes indican las pruebas a realizar (análisis, radiografías, etcétera), las intervenciones quirúrgicas, la frecuencia y el número de controles, los medicamentos a tomar, etcétera. En aquellos sistemas que se basan en las retribuciones por acto médico existe una tendencia, podríamos decir que natural, a la multiplicación de los mismos y a una cierta medicina de complacencia. Además, se produce una discriminación de los ciudadanos en su acceso a las prestaciones sanitarias en relación con sus ingresos, ya que el mecanismo utilizado para adecuar oferta y demanda está en el coste de la atención sanitaria, de forma que los servicios sanitarios dejan de ser usados, no por quienes no los precisan, sino por quienes no pueden sufragarlos.
Son los servicios públicos de salud de países como Suecia, Dinamarca o Finlandia los que mejor funcionan, por lo que pretender equiparar sistema sanitario público a mal funcionamiento es o desconocer la realidad o querer hacer demagogia.
La otra vertiente es el nuevo enfoque de la atención sanitaria, que rompe con una estructura excesivamente medicalizada y hospitalocentrista. Se trata, de acuerdo con lo que propugna la Organización Mundial de la Salud, de dirigir los esfuerzos del sistema sanitario, no sólo a la curación o al tratamiento de las enfermedades, sino, sobre todo, a la prevención de las mismas y a la promoción de la salud mediante la adquisición de hábitos de vida saludables y evitando aquellos factores que suponen un riesgo. Esta nueva concepción de la atención sanitaria se basa en la atención primaria de salud, en la que, en el primer escalón asistencial, se abordan, de manera integral y multidisciplinaria, los problemas de salud de los ciudadanos y donde se llevan a cabo actuaciones preventivas y de promoción de la salud (educación sanitaria, etcétera). Esta concepción de la atención sanitaria sólo es posible desde un dispositivo público que integre las redes sanitarias y que permita una eficaz colaboración entre los distintos niveles asistenciales.
Partiendo de estas ventajas de la sanidad pública, hay que considerar también los importantes problemas que ésta tiene en nuestro país.
Para responder eficazmente a los mismos, habría que abordar las siguientes cuestiones:
1. Incrementar los recursos destinados a la sanidad pública, aumentando el porcentaje de PIB destinado a la sanidad y sufragando el sector sanitario público a partir de los Presupuestos Generales del Estado, desvinculándolos del sistema de Seguridad Social.
2. Cobertura de toda la población por el sistema nacional de salud, asegurando las prestaciones de éste a toda la población e incrementando las mismas (salud mental, odontoestomatología, etcétera).
3. Constitución de todos los servicios de salud, para lo que es preciso que se produzcan las transferencias del Insalud a todas las comunidades autónomas y que éstas desarrollen sus competencias organizativas plenamente.
4. Potenciar la atención primaria de salud, acelerando la puesta en marcha de nuevos centros de salud que permitan en el año 1990 la cobertura de toda la población y, a la vez, dotándoles de infraestructura, personal y equipamientos adecuados, e iniciando las labores de prevención y promoción de la salud.
5. Formación de una red única de hospitales públicos, integrando todos los recursos hospitalarios y confiriéndoles una dotación suficiente para desarrollar sus tareas de cobertura de la asistencia especializada.
6. Integración de todos los recursos sanitarios públicos en cada área de salud, para lo que se precisa la integración de las redes sanitarias, la puesta en funcionamiento de mecanismos de gestión unificados y el desarrollo de sistemas de coordinación de los dos escalones asistenciáles.
7. Democratizar la gestión de los centros sanitarios a todos los niveles, estableciendo sistemas de participación de profesionales y usuarios.
8. Delimitar el sector público del privado, extendiendo la dedicación exclusiva a todos los profesionales de la sanidad pública.
9. Conseguir la formación de todos los posgraduados, potenciando la vía MIR e incrementando el núniero de plazas convocadas.
10. Establecer sistemas de incentivación y promoción profesionales, que permitan favorecer la calidad docente, asistencial e investigadora de quienes trabajan en la sanidad.
