Matar y destruir

CONTRA LO que a veces pretenden hacer creer los estrategas de la violencia, matar no es una acción que requiera heroicas aptitudes. Basta con carecer de escrúpulos, porque redactar un comunicado asegurando que nobles y generosos sentimientos mueven a los que activan los explosivos o disparan las pistolas es la cosa más sencilla del mundo. Tampoco es cierto que la estrategia terrorista precise de un determinado clima social, de un apoyo, siquiera sea implícito, por parte de sectores significativos de la población. Los atentados del viernes en Galicia -como antes las acciones violentas de Terra Lliure en Cataluña- lo confirman una vez más. El terrorismo carece en Galicia del más mínimo soporte social. Las preocupaciones de sus ciudadanos, las inquietudes de sus sectores más dinámicos, nada tienen que ver con el mesianismo de quienes tratan desesperadamente de hacerse notar, ya que no por sus ideas, por el estruendo que produce su ausencia de criterios morales.Porque el terrorismo no sólo degrada moralmente, sino que entontece a sus omnipotentes artífices: en la entrevista con dirigentes de ETA publicada la semana pasada en un diario catalán se sostiene con aplomo la teoría según la cual la coincidencia en 1992 de los Juegos Olímpicos, la ExposiciónInternacional de Sevilla y demás conmemoraciones del V Centenario del Descubrimiento de América pretende "debilitar lo más posible al movimiento de liberación nacional vasco". Los iluminados que, considerándose el centro de cuanto ocurre o deja de ocurrir, se atribuyen el derecho a destruir y matar, sólo consiguen destruir y matar. Ninguna causa avanzará un ápice con su acción. Su violencia es, además de injusta, inútil.

Por ello resulta relativamente irrelevante saber si los autores del asesinato del empresario Claudio San Martín y de la destrucción de la casa de Manuel Fraga en Perbes (La Corufia) pertenecen al Exército Guerrilleiro o a los GRAPO. En cualquiera de las dos hipótesis, se trata de grupos cuyo único objetivo constatable es el de demostrar que existen. Fraga es un cualificado candidato a la presidencia de la Xunta, correspondiendo a los gallegos la decisión de otorgarle o negarle su confianza. Al pretender interferir en esa decisión mediante la colocación de explosivos, es contra el derecho de la gente a expresar sus opiniones contra lo que están atentando los autores de la hazaña. Al asesinar a sangre fría a un industrial, se está atentando contra el primer derecho humano y contra una convivencia que costó mucho construir.

Pero de la inanidad intelectual y moral de los terroristas no debe deducirse una actitud de pasividad social ante sus actuaciones. Las lamentaciones de algunas fuerzas vascas que en el pasado restaron importancia a la dinámica que se estaba generando, cuando no la estimularon con sus ambigúedades o silencios interesados, debería servir para alertar las conciencias. La sociedad gallega debe reaccionar ahora que es tiempo. Porque el rechazo de los terroristas, cualquiera que sea el color de las banderas en que se embocen, es hoy una causa de todos los demócratas de Galicia.