Nadie da la cara

RESPONDER DE los actos propios es, para cualquier ciudadano respetable, una exigencia de orden moral; para un gobernante es, además, una obligación. La patética aparición en televisión de un mandado del Ministerio del Interior dando la cara por sus jefes ante la opinión pública horas después del asalto realizado por la policía a un pacífico domicilio de Leganés constituye una resplandeciente ilustración de la irresponsabilidad de los miembros de este Gobierno, que, cambien o no en el inmediato futuro, se comportan ya a las claras como si estuvieran liquidados.Forma parte de la concepción democrática el que, cuando se cometen errores, los responsables políticos se adelanten a ofrecer explicaciones ante sus representados. Ello es doblemente necesario en un campo tan sensible como el de la lucha contra el terrorismo, para cuyo éxito es imprescindible la confianza de los ciudadanos en las fuerzas sobre las que ha delegado el derecho al uso de la violencia legítima. Y más grave que el fracaso de la operación resulta la sensación de que nuestros gobernantes no hacen sino tirar la piedra y querer esconder la mano, o escurrir el bulto.

Se querrá argumentar que Felipe González, a miles de kilómetros de distancia, ha hecho ya las declaraciones que tenía que hacer. Pero es pobre el argumento. El presidente está en viaje de Estado, y es lógico que su atención se vea reclamada por los motivos de ese viaje y no por los sucesos de la gobernación diaria, para lo cual la ley prevé ha de ser sustituido en sus ausencias. 0 sea, que entre un presidente del Gobierno desplazado a lugares remotos que despacha el asunto con cajas destempladas y un jefe de prensa de la Secretaría de Estado para la Seguridad baIbuciendo excusas ante las pantallas de televisión, toda una sarta de vergonzosos silencios es lo único que ha ofrecido el Gobierno hasta ahora. A estas alturas conviene interrogarse por la función y el papel que verdaderamente desempeña el vicepresidente del Gobierno. El habitual silencio del señor Guerra sobre los grandes problemas de la gobernación del país mientras sus compañeros de Gabinete se abrasan en la lidia diaria resulta ya del todo impresentable cuando, en ausencia del presidente, asume la responsabilidad máxima del Ejecutivo. Él es el presidente en funciones ahora. Su silencio es por eso tanto más dramático cuando su locuacidad ha sido tan grande en otras ocasiones.

De la misma manera habría que preguntarse si la única función del portavoz del Gobierno, que el día de autos también se encontraba en España, es la de recitar cada semana la letanía de los acuerdos del Consejo de Ministros. Y, por supuesto, está la responsabilidad del ministro del Interior, que en manera alguna puede delegar en un burócrata de la casa la responsabilidad de dar la cara y responder con sus explicaciones a las inquietudes que lo sucedido el lunes ha sembrado en la opinión pública. Explicaciones, por lo demás, que habrán de extenderse a los tribunales de justicia si el fiscal general del Estado se muestra menos obediente al poder que lo que es habitual y atiende- a lo previsto en la Constitución. El artículo 55 de ésta establece, en efecto, a propósito de la suspensión por ley orgánica de determinados derechos y libertades, que "la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes".

Cuando tres terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) fueron tiroteados por la policía de Gibraltar en condiciones dudosamente legales, el secretario del Foreign Office, sir Goffrey Howe, dio su versión oficial a la Cámara de los Comunes apenas 24 horas después. A los efectos que hoy comentamos, no importa que esa versión fuera contestada más tarde por otros testimonios y que la actuación posterior del Ejecutivo británico respecto de los medios de información fuese censurable: lo cierto es que en cuestión de horas uno de sus más destacados miembros compareció en el Parlamento para dar la cara por algo de lo que su Gobierno era responsable. En España habrá de transcurrir todavía casi una semana antes de que el ministro del Interior acuda al Parlamento a explicar el desaguisado de Leganés. Dar la cara en estas situaciones es lo menos que se puede pedir a quienes se arrogan en determinadas circunstancias el poder de disponer de las vidas y las haciendas de los ciudadanos en aras de la defensa de intereses que se consideran superiores. Porque lo de Leganés fue un error, pero, por lo que se va sabiendo, no fue fortuito. Y no lo cometió la policía, sino sus dirigentes políticos.