Las equivocaciones de Interior

EL PAÍS, La lucha contra el terrorismo ha estado jalonada de otros errores de bulto, que han originado reclamaciones contra Interior. Así, el 28 de julio de 1986, coincidiendo con la puesta en estado de máxima alerta de las fuerzas de orden público en Madrid, José Miguel Antía Alberdi, empleado de banca natural de Zumaya, se encontró con que durante su ausencia por vacaciones miembros de los GEO habían irrumpido violentamente en su domicilio causando importantes destrozos.

Antía fue detenido durante dos horas, bajo acusación de estar relacionado con el comando España de ETA. Interior aseguró a los propietarios del piso, tras pedirles discreción, que les serían abonados los gastos causados por la explosión y el registro llevado a cabo por los GEO. Unos días después de estos hechos Antía presentó una denuncia ante el juzgado número 20 de Madrid por allanamiento de morada y detención ¡legal.

Ese mismo año, los servicios de información del Ministerio del Interior, volvieron a cometer un error importante: en unas agendas especiales entregadas a los miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, en la ficha correspondiente a la identificación del presunto elarra Juan Manuel Soares Gamboa, se incluyó la fotografla de su hermano Francisco Javier. Unos días después Interior inició una campaña en Prensa y televisión que pedía la ayuda ciudadana para localizar a cuatro presuntos miembros del comando España, donde se reproducía el error.

El mismo día en que Francisco Javier se apercibió del error se presentó en la comisaría de Logroño, ciudad en la que residía y de donde es natural, para denunciar la equivocación. Una semana después de los hechos presentó una denuncia contra el Ministerio del Interior. El ministro Barrionuevo justificó la equivocación explicando que Francisco Javier tenía antecedentes y que por eso se equivocaron de ficha. Ante este nuevo error Soares Gamboa presentó una demanda contra los altos cargos de Interior, en la que pedía 200 millones.

El Congreso rechazó en marzo un suplicatorio del Supremo para actuar contra Barrionuevo por estos hechos.