Los fundadores de la asociación de vexilología desconocían los contratos a los independentistas
La junta de la Asociación Catalana de Vexilología (ACV) celebró anteayer una reunión en la que la presidenta, Ana María Galán Pla, y el vicepresidente, Sebastián Herreros Agüí, esposo de la anterior, pusieron sus cargos a disposición de la junta mientras se esclarece la presunta utilización de la entidad para captar fondos de la Generalitat con supuestos contratos a varios miembros de la Crida. Según los fundadores de la ACV, sólo una de las seis personas supuestamente contratadas mediante las subvenciones se afilió posteriorrnente a la asociación, pero, al igual que los demás, era desconocida por sus socios habituales.
El pasado día 11 de abril, una subvención del Departamento de Trabajo a la AVC fue desviada por su presidenta hasta las cuentas de dirigentes de la Crida.
La antigua dirección de la ACV ha sido sustituida por una gestora, que ha solicitado toda la documentación utilizada para efectuar el presunto fraude, incluido un libro de matrícula donde no figuran los dirigentes de la Crida Jordi Sánchez, Núria Camps y Oriol Ferrer, contratados en 1987. Fuentes próximas a los fundadores de la ACV, ajenos a todas las manipulaciones descubiertas, han manifestado su indignación por la negligencia de los funcionarios de la Generalitat que, en su opinión, han otorgado las subvenciones sin verificaciones.
Las mismas fuentes insisten en que se concedieron las subvenciones a personas que carecían de poderes legales.
Uno de los miembros de la ACV, Armand de Fluviá, dijo no haber estado "enterado de que la asociación había contratado a seis personas en los dos últimos años". Tampoco sabía que la ACV hubiera recibido 4.300.000 pesetas en ayudas oficiales desde 1986.
