Ledesma confirma las diferencias con el Poder Judicial sobre reivindicaciones

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, confirmó ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las diferencias de criterio entre el Gobierno y el Consejo respecto a las reivindicaciones de las asociaciones judiciales asumidas por el CGPJ. En concreto, señaló que sería "imprudente" alterar para 1988 las retribuciones fijadas en los presupuestos generales del Estado. En relación con la posibilidad contemplada por algunos vocales de dimitir si el Gobierno no atiende las reivindicaciones judiciales (veáse EL PAÍS del miércoles último), Ledesma declaró: "No me consta esa posibilidad".

El ministro se negó a comentar a los informadores este supuesto de dimisión, porque "para poder opinar, debería haberme constado", insistió. En coincidencia con la posición mantenida sobre las reivindicaciones judiciales por los seis consejeros que quedaron en minoría en el pleno del pasado 29 de abril, Ledesma manifestó que para 1989 el Ejecutivo está dispuesto a revisar las retribuciones de los jueces y del resto de los funcionarios de la administración de justicia "para evitar discriminaciones".

Los consejeros considerados ledesmistas afirmaron en su enmienda al acuerdo mayoritario que el incremento de haberes "no debe constreñirse a jueces y magistrados, sino que debe abarcar un paralelo aumento de retribuciones para quienes integran el colectivo de personal colaborador, con inferiores niveles económicos". Un vocal del sector mayoritario calificó en su día de "demagógica" esta apreciación.