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POLICÍAS EN EL BANQUILLO

La 'cúpula' de Interior achaca a los agentes juzgados la aplicación al 'Nani' de la ley antiterrorista

Los principales responsables del Ministerio del Interior intentaron ayer, en el juicio contra siete policías por la desaparición de Santiago Corella, achacar la aplicación al Nani de la ley antiterrorista a los agentes juzgados. Tanto el titular del departamento, José Barrionuevo, que respondió por escrito, como el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, aseguraron que su aplicación dependía de los agentes que realizaban las detenciones, y que la única competencia del ministerio era ratificarla o denegarla. Rafael Vera incluso llegó a afirmar que los agentes que efectuaban un arresto podían incomunicar inmediatamente al sospechoso.

JAVIER RIVAS / J. J. ECHEVARRÍA, Sin embargo, Vera y Rodríguez Colorado hubieron de reconocer después, tras la lectura de los télex en que se pedía primero y se concedía después la incomunicación de Corella y otras personas, que esa incomunicación fue ordenada por el propio Barrionuevo. El primer télex afirma que "se solicitan" por la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid dichas medidas, y el segundo recoge que el ministro da su acuerdo al respecto.El secretario de Estado para la Seguridad aseguró que el télex policial fue "determinante" para aplicarle a Corella la legislación antiterrrorista. Ese texto asegura que el Nani fue detenido "a la salida de su domicilio" y que su vivienda no fue registrada, dos hechos éstos que los mismos procesados han desmentido en sus declaraciones.

Vera afirmó que sobre la supuesta huida de Corella se le hablé de "la fuga de un delincuente de unas instalaciones policiales". La versión mantenida en todo momento por los procesados -tanto en la instrucción sumarial como en la vista oral- y la hipótesis defendida también desde el propio Ministerio del Interior, asegura que Corella se fugó de la vigilancia de tres policías de los ahora procesados cuando buscaban en un descampado de Vicálvaro un alijo de armas de fuego el 13 de noviembre de 1983.

Vera, que en la fecha de la desaparición del Nani era director de la Seguridad del Estado, respondió al letrado de la acusación Jaime Sanz de Bremond que se enteró de la presunta fuga del Nani "en los días inmediatamente posteriores" a la misma, aun cuando no pudo precisar quién se lo notificó. Esa misma persona es quien al parecer comunicó al alto cargo de Interior, según recordó éste, que la huida de Corella había tenido lugar "en instalaciones policiales". Vera no pudo recordar si le indicó en aquella circunstancia que se había aplicado al Nani tras su detención la ley 11/80, conocida como ley antiterrorista.

El actual número dos del departamento ministerial no consiguió precisar si esos datos le fueron indicados por el entonces director general de la Policía, Rafael del Río, con quien Vera aseguró que despachaba prácticamente a diario.

Lo más y lo menos

Rafael Vera consideró que lo "normal" era que los detenidos a quienes se aplicaba la ley antiterrorista pasasen a disposición de la audiencia nacional. El secretario de Estado señaló "que la propia ley [antiterrorista] habla de Audiencia Nacional y de juzgados centrales". Sin embargo, de las 128 personas a las que se incomunicó en 1983 a petición de la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid, pasaron todas a disposición de los juzgados ordinarios de instrucción. Preguntado entonces por el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez por qué no se pasaban a los detenidos a los juzgados ordinarios, Vera manifestó: "Jurisdiccionalmente el que cumple lo más, cumple lo menos".

Preguntado si ante una denuncia de malos tratos presentada por un detenido [caso de Ángel Manzano, amigo de el Nani] la policía investigaba los hechos, Vera respondió que "de forma inmediata". Sin embargo, hasta después de diciembre de 1985, cuando saltó el escándalo de la supuesta mafia policial, no se le tomó declaración a Manzano sobre las supuestas torturas recibidas. Vera dijo que el responsable de abrir esa investigación, en el caso de Manzano, debió ser el jefe superior de Policía de Madrid, entonces el comisario Antonio Garrido, que hoy deberá declarar ante el tribunal.

Todos los cargos de Interior que ayer declararon aseguraron no disponer de datos objetivos sobre el posible paradero de Corella o su supuesto fallecimiento en las dependencias policiales de la Puerta del Sol.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de mayo de 1988

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