Reabiertas en el Goblierno vasco las tensiones entre el PNV y los socialistas

Las dos fuerzas coligadas en el Gobierno vasco, los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), han reabierto sus discrepancias en los últimos días, después de un período de calma de pocos meses. Las tensiones se han reproducido a propósito del proyecto de confluencia en la red pública de las ikastolas (escuelas, en lengua vasca), la inhibición del Gobierno Civil de Vizcaya en el conflicto del astillero Euskalduna y la suspensión de una convocatoria para la selección de 400 funcionarios interinos a la que se luibían presentado 46.000 personas.

El PNV no comparte el proyecto de ley presentado al Parlamento por el consejero de Educación, José Ramón Recalde, para regular el período transitorio hasta la incorporación de las ¡kastolas a la red pública. Recalde, independiente designado por el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), reclama a estos centros la cesión de la titularidad de su patrimonio como condición previa para unas subvenciones superiores a las de los colegios privados.Las ikastolas no objetan la cesión de sus activos, pero quieren formalizarla al final del plazo de transitoriedad, de varios años, y exigen la retirada del proyecto. Desde la oposición, Eusko Alkartasuna (EA) ha anunciado dos enmiendas a la totalidad de la ley, una de devolución y otra con texto alternativo recogiendo la posición de las ¡kastolas. El PNV pide negociaciones entre el departamento de Educación y los centros en euskera hasta restablecer el acuerdo.

A esta discrepancia se ha sumado la decisión adoptada por el gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López, de considerar a la Ertzaintza (policía vasca) responsable del mantenimiento del orden público en el astillero Euskalduna, de Bilbao, ciudad donde ese Cuerpo no está aún desplegado. Esta actitud fue anticipada la semana pasada por el delegado del Gobierno central en Vitoria, Julen Elgorriaga, en una carta al lehendakari, José Antonio Ardanza.

La misiva fue contestada "en terminos enérgicos", según fuentes nacionalistas, y el presidente del Ejecutivo autónomo recibió una respuesta aún más subida de tono. Medios próximos a las consejerias del PNV interpretan que se trató de "un intento impresentable" de evitar una decisión, de la Delegación de Trabajo, dependiente de la Administración autónoma, favorable a la reapertura del astillero, y califican de farsa la transferencia del mantenimiento del orden público mediante procedimiento verbal por el gobernador civil. El PNV de Vizcaya ha pedido la dimisión de López, gesto mal recibido por el PSE-PSOE.

Funcionarios

Otro motivo de fricción entre los dos partidos coaligados es la suspensión de un concurso convocado por la consejería de Presidencia y Justicia, en manos del nacionalista Juan Ramón Guevara, para contratar 400 funcionarios interinos. A la convocatoria respondieron más de 45.000 solicitudes. 30.000 aspirantes habían iniciado las pruebas cuando el abogado del Estado y el delegado del Gobierno central recurrieron el procedimiento ante la Audiencia de Bilbao.

Los recursos se basan en la inexistencia de una ley de la Función Pública Vasca, por lo que es aplicable la legislación del Estado. La intervención de los representantes de la Administración central causó gran malestar en la consejería porque se habían realizado en ocasiones anteriores convocatorias similares, sin encontrar obstáculos.

El Gobierno decidió ayer poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial el auto de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia de Bilbao que suspende cautelarmente la realización de las pruebas, por si se hubiera producido indefensión. El departamento de Presidencia y Justicia sostiene que no fueron tenidas en cuenta sus alegaciones. El presidente de la sala, el magistrado Pedro Esteban, asegura que fueron conocidas cuando la resolución judicial ya estaba redactada, pero que se decidió no modificarla porque no se encontró motivo suficiente en los argumentos de la consejería.