La reforma estadística prevé multas de hasta cinco millones de pesetas por resistirse a facilitar datos al INE

El Ministerio de Economía y Hacienda ha redactado un nuevo borrador del anteproyecto de ley estadística con el fin de que lo apruebe el Gobierno en una próxima reunión. Entre las novedades del texto figura que fija multas de hasta cinco millones de pesetas para quienes se resistan a enviar los datos requeridos al Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre tanto, en el seno del INE se repiten las criticas al director general, Javier Ruiz Castillo, cuya actitud provocó el viernes de la pasada semana un boicoteo de los delegados provinciales.

Además de confirmar la renuncia a convertir el INE en una sociedad estatal —seguirá adscrito a Economía, aunque como organismo autónomo administrativo, en lugar de como dirección general—, el anteproyecto tipifica y concreta las sanciones que podrá imponer el nuevo instituto.

Las sanciones muy graves o graves (susceptibles de multas entre 50.000 y cinco millones de pesetas) requerirán expediente administrativo.

Una de las infracciones muy graves —con multas de 500.000 a cinco millones de pesetas— será "la resistencia notoria, habitual o con alegación de excusas falsas en el envío de los datos requeridos". También "el suministro de datos falsos a los servicios estadísticos competentes", el incumplimiento del deber del secreto estadístico o la comisión de una infracción grave cuando el infractor hubiere sido sancionado por otras dos o tres graves dentro del período de un año.

El texto considera infracciones graves y fija multas de 50.000 a medio millón de pesetas por el "retraso en el envío" de los datos requeridos cuando provoque "grave perjuicio para el servicio", 'envio de datos incompletos, inexactos o expresados en forma confusa que dificulte su comprensión", que tengan "imperfecciones gravísimas o dolosamente simulados sin llegar a ser completamente falsos" y la comisión de una infracción leve cuando el, infractor hubiera sido sancionado por otras dos leves en un año. Las faltas leves serán "el retraso en el envío de datos cuando no hubiere podido dar lugar a perjuicio grave" o la remisión de da tos incompletos.

El proyecto no se pronuncia sobre algunos aspectos que podían suscitar conflictividad, como el de las estadísticas concretas que serán de interés estatal y autonómico o el de la representación que tendrán las diversas fuerzas sociales en el Consejo Superior de Estadística, cuyas funciones se limitarán a la consulta y deliberación.

Con motivo de la ley o de su propia gestión, la contestación al director general —cargo para el que los primeros borradores ofrecían una secretaría de Estado— sigue siendo notable, como fue declarado por los representantes de los cuatro cuerpos en una reunión con el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa. El viernes pasado, durante la tercera jornada destinada a tratar sobre problemas técnicos y sobre el proyecto de ley, los delegados provinciales del INE boicotearon a Javier Ruiz Castillo con su silencio en las sesiones de mañana y tarde y con su ausencia del almuerzo preparado para ese día.

La causa inmediata, según varios asistentes, fue la forma tajante y destemplada con la que el director general desautorizó la representatividad de un delegado que había sido designado por sus compañeros para exponer sus problemas. Otras fuentes resaltan que los delegados ya estaban antes a disgusto con recientes decisiones del director y con la presencia de representantes sindicales en la sesión, promovida por Ruiz Castillo con el argumento de la transparencia.