La reconversión interminable

LAS MANIFESTACIONES de los trabajadores de algunos astilleros sometidos al proceso de reconversión se caracterizan por una violencia que refleja una auténtica patología social. Las barricadas, los cortes de carreteras, la fabricación de lo que la dirección del INI llama púdicamente "artilugios" y que son en realidad armas rudimentarias, testimonian una situación profundamente deteriorada. No se trata de la vanguardia de una revolución, sino más bien del final agitado de un proceso mal concebido y ejecutado.El problema de fondo de los astilleros radica en la falta de demanda de construcción de barcos como consecuencia de la crisis mundial de fletes y del encarecimiento relativo de los astilleros españoles, que no pueden competir con los bajos salarios de los países en vías de desarrollo ni con la complejidad técnica de los astilleros nórdicos que aún funcionan. Se trata de un fenómeno prácticamente universal: el cierre de astilleros ha estado y está a la orden del día en Estados Unidos y en Europa.

La idea inicial del ajuste consistió en reducir las plantillas en los astilleros públicos para darles una oportunidad de competir en el mundo. Pero la UGT forzó al Gobierno a que no hubiera suspensión sino rescisión de los contratos durante tres años, al cabo de los cuales aquellos trabajadores que no hubiesen podido ser recolocados serían empleados de nuevo en los astilleros. La Administración y los sindicatos sabían entonces, como ahora, que las posibilidades de mantener las plantillas eran mínimas, pero se prefirió esa manera de ganar tiempo. Se trataba de una fórmula equivocada, pues no hacía sino aplacar el problema, pero fue la que se empleó y a la que se acogen ahora, violentamente, los trabajadores afectados. El asunto ha entrado en una fase de difícil salida, ya que los obreros reclaman algo que fue imprudentemente prometido y es prácticamente de imposible cumplimiento: la ausencia de demanda de buques ha reducido drásticamente la carga de trabajo de los astilleros.

En todo este asunto las responsabilidades parecen repartidas entre los diferentes actores: la Administración, en primer lugar, por proponer y aceptar soluciones que en realidad no lo eran; los sindicatos, por empecinarse en reclamar unas condiciones para este sector que iban mucho más allá de las que el sistema podía, razonablemente, ofrecer. Durante los tres años que ha durado la suspensión de los contratos, los trabajadores de los astilleros han seguido cobrando su salario íntegro, a menudo más elevado que el de la zona en otros empleos o en empleos similares. Sí a ello se une la promesa de recolocación, no había incitación alguna a buscar otro empleo incluso si, como es el caso en algunas comarcas, el encontrarlo fuese más que problemático. Tres años en esta situación han conducido a sus protagonistas a un callejón sin salida, tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Una de las principales lecciones que pueden derivarse de este asunto es la inutilidad, y el peligro, de la protección a ultranza de los intereses de determinados colectivos de trabajadores, que termina por volverse contra ellos mismos. Si se hubiese admitido desde el principio que la crisis de los astilleros navales implicaba una reducción de plantillas con rescisión de contratos es probable que se hubieran dado pasos más enérgicos, y más eficaces, para intentar resolver el problema de los trabajadores afectados. La situación intermedia en que quedaron, por muy favorable que hubiera podido parecer al principio de este episodio, ha terminado por revelarse como la peor de todas las imaginables.

El problema de los astilleros públicos sigue planteado, y aunque el número de trabajadores afectados es relativamente pequeño, el valor emblemático de este problema exige un tratamiento más individualizado. Todos deben hacer concesiones; el problema consiste en encontrar referencias que hagan posible una solución estable.