A trancas y barrancas

, El camino de la normalización lingüística de Cataluña no ha sido ni es fácil. La incomprensión, en algunos casos, del Gobierno central y la actitud de grupos minoritarios ha planteado engorrosos obstáculos.

En 1983, la Generalitat publica el decreto que aplica a la enseñanza no universitaria la normalización lingüística, norma que es recurrida por el Consejo de Ministros. En marzo de 1985, la Audiencia de Barcelona dicta una sentencia que anula algunos artículos del desarrollo de la ley de Normalización, la Generalitat recurre al Supremo y, en febrero de 1988, el alto tribunal revoca la sentencia. Han pasado casi cinco años.

En septiembre de 1983, el Gobierno catalán publica un decreto sobre etiquetaje de productos que se comercializan en Cataluña, el Gobierno central recurre y en abril de 1988 el Tribunal Constitucional declara que es competencia de la Generalitat. Han pasado más de cuatro años.

En julio de 1985, el Diari Oficial de la Generalitat publica la ley de la Función Pública, aprobada unánimemente por el Parlament. El Consejo de Ministros recurre contra el artículo 34, que estipula el conocimiento del catalán, oral y escrito, para acceder a la Administración catalana. En noviembre de 1985, el Constitucional admite a trámite el recurso. Han pasado casi tres años y el caso sigue pendiente de solución.

En abril de 1988, la Audiencia Nacional dicta una sentencia por la que ordena al circuito catalán de TVE emitir informativos en castellano. La normalización no es fácil.

El modelo lingüístico catalán establece, recursos aparte, la enseñanza en catalán y el estudio de dos idiomas: castellano, obligatorio; y otro, a elegir, en general, inglés. No es un tópico aquello de que quien sabe dos idiomas tiene más facilidad para aprender otra lengua. Y sí es un tópico pensar que Cataluña, en defensa de su idioma, se ha encerrado en sí misma. La universidad sigue organizando cursos de castellano para extranjeros y no encontrará excesivas dificultades quien, desde fuera de Cataluña, desee estudiar Arquitectura en Barcelona, ya que prácticamente la mitad de las asignaturas universitarias se imparte en castellano.

El problema o, mejor dicho, la solución al tópico, se producirá, como dice la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Aina Moll, cuando se "normalice España". Moll propone para después de las elecciones una acción institucional conjunta para explicar al resto de España lo que pasa en Cataluña.

Recursos y tópicos no son el único problema. La política lingüística es acusada de dispersión y de falta de coordinación: los dos instrumentos principales de la normalización, la escuela y TV-3, no dependen de la Dirección General de Política Lingüística.