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Reportaje:

Justicia en ruinas

En Cádiz, la secretaría de un juzgado está en la cocina, y el registro civil, en una clínica dental

El hundimiento de los techos de la Audiencia Provincial de Cádiz, cuyo edificio data de los primeros años cincuenta, ha provocado un desalojo de emergencia y su traslado a cuatro locales desperdigados por la ciudad. Claudio Movilla, presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, que visitó esta semana las improvisadas instalaciones, dijo que su estado vulnera la Constitución.

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Según fuentes judiciales, las obras de acondicionamiento de la Audiencia gaditana costarían unos 1.000 millones de pesetas.La secretaria del Juzgado de Distrito número 2, que en breve ocupará su plaza, podrá contar a sus nietos cómo su primer trabajo lo realizó en una cocina de la que fue vivienda del delegado de Trabajo, en la cuarta planta de la Magistratura de Trabajo. Todavía conserva los muebles originales; la mampara para los humos y el frigorífico.

El registro civil y los Juzgados de Instrucción 1, 2 y 3 comparten un edificio con una clínica dental. Allí, sin ventilación, tiene su pequeña consulta el médico forense, aunque, como señala una funcionaria, "todavía no hemos averiguado dónde está el interruptor de la luz". Parte de los libros del registro se almacenan en un antiguo quirófano, que todavía conserva las losetas blancas. La otra parte de los libros se apila directamente sobre el suelo en habitaciones vacías.

Otro problema son las bodas. La gente se casa ahora en el edificio de la diputación, pero los primeros días, comentan con risas varios funcionarios, las parejas, comitiva en ristre, iban de un edifico a otro sin saber quién ni dónde habría de unirles como matrimonio. La sala de vistas de la Sección Tercera, instalada en los bajos de la Diputación Provincial, no permite la presencia de público por sus escasas dimensiones, lo que contradice el principio de publicidad. La semana pasada se iba a celebrar un juicio en esta sala. Eran cinco procesados acompañados por sendos guardias civiles.

Calabozo en el zaguán

Tras comprobar que no cabían en la sala, magistrados, abogados y demás personal se tuvieron que trasladar a la sala de al lado para celebrar el juicio. Las tres salas de vistas son pequeñas. Una puede admitir hasta doce personas como público.En el hueco que la escalera del edificio de la diputación hace con el zaguán se ha improvisado un pequeño calabozo, con sus rejas, para los procesados. El calabozo "no reúne condiciones", según Luis Benítez, abogado e historiador de Cádiz. Con 64 años, Benítez ha realizado unas 12.000 defensas, pero nunca en las condiciones de ahora: "Sin un lugar para hablar con mis clientes, sin una sala de togas...".

Junto a los albañiles que construyen el calabozo trabajan los mozos de una empresa de mudanzas. Se trata de la casa de mudanzas que transporta sumarios y demás legajos a sus nuevos destinos. Estos portes, según varios trabajadores consultados, se efectúan sin ninguna custodia. Los primeros días, la mudanza corrió a cargo del camión utilizado para los desahucios, lo que provocó un importante retraso, según los trabajadores.

"Hasta el momento no se ha suspendido ningún juicio", afirma tajante Guillermo Troncoso, presidente de la Audiencia. Las obras no han comenzado aún porque se acaba de concluir un estudio sobre el estado del edificio en el que se dice que para proceder a la restauración es preciso apuntalarlo totalmente.

Tampoco dice Troncoso cuánto cuesta el alquiler de uno de los edificios ocupados. Los otros tres se han cedido gratuitamente. En la cuarta planta de la Magistratura de Trabajo, ocupada por los Juzgados de Distrito 2 y 3, los funcionarios apenas tienen espacio para desenvolverse. Casi no se puede citar a la gente porque no caben.

Las improvisadas oficinas no tienen ventilación. Según fuentes de estos juzgados, existen unas 400 denuncias pendientes de trámite y se han suspendido algo más de 100 juicios. A los funcionarios les dicen que todo es provisional, pero nadie sabe hasta cuándo estarán allí.

Francisco Alviz, representante de la Junta de Personal, explica que los funcionarios están trabajando más horas y que "todo está controladísimo", sobre todo los casos de preventivos.

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