Absuelta la magistrada Carmena, acusada de atentar contra el honor de una constructora
La Audiencia Territorial de Madrid ha absuelto a la magistrada Manuela Carmena de la demanda interpuesta por la empresa constructora Saconia, que acusó a la juez de atentar contra el honor de dicha sociedad. El motivo de la demanda fue que la juez Carmena manifestó en una resolución que Saconia había podido alterar fraudulentamente su domicilio social para evitar que su juzgado conociera sobre la quiebra de esta empresa. El tribunal absuelve también a dos interventores en la suspensión de pagos de Saconia designados por la juez.
El origen de esta sentencia fue un expediente de suspensión de pagos de la Sociedad Anónima Construcción e Industrias Auxiliares (Saconia), del que, por reparto, correspondió entender al juzgado de primera instancia del que es titular Manuela Carmena, quien designó interventores a los economistas Francisco Javier Ramos Torre y Francisco Fernández Montes.Durante la tramitación de la suspensión de pagos, Saconia trasladó su domicilio de Madrid a Alcobendas. El 15 de enero de 1986, la juez Carmena comunicó al juez de Alcobendas y al Consejo General del Poder Judicial que dicho traslado podía ser constitutivo de fraude. Saconia estimó que tales manifestaciones atentaban contra su "buena fe, honorabilidad y prestigio".
La demanda correspondió al juez de primera instancia número 17 de Madrid, que absolvió a los demandados. Saconia apeló y la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid ha desestimado el recurso y confirmado la absolución de Carmena, defendida por la abogada Cristina Almeida, y de los dos interventores, patrocinados por el letrado José María Mohedano.
La Audiencia Territorial considera que no puede ser atentatoria al honor una resolución recurrible, dictada por una magistrada "en pleno ejercicio jurisdiccional y en asunto sometido a su competencia". Asímismo, estima que en la resolución "no se aprecia actuación difamatoria, sino más bien precaución o cautela".
Los entes no tienen honor
Por otra parte, de acuerdo con los alegatos de Mohedano en la vista oral, calificados de "vehementes" por la sala, la sentencia declara que "el honor es un derecho personalísímo" y que la protección que otorga la Constitución y la ley no ampara a los entes o personas jurídicas, como la sociedad anónima demandante, ya que se refiere a supuestos "físicos, morales, íntimos". Saconia ha recurrido al Tribunal Supremo.
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