El Consejo de Ministros acepta el nuevo mapa judicial

El Consejo de Ministros dió luz verde ayer al proyecto de ley de Planta y Demarcación, que establece un nuevo mapa judicial y prevé un aumento de los órganos jurisdiccionales, que pasarán de 1.999 a 2.760, así como un, incremento de jueces y magistrados, cuya plantilla aumentará en 1.063 plazas, con lo que habrá un juez por cada 10.955 habitantes, "la mejor proporción que ha existido nunca en España", a juicio del Ministerio de Justicia.

El titular de este departamento, Fernando Ledesma, declaró en conferencia de prensa que con estas mejoras "el Gobierno pone de manifiesto su voluntad política de que la Administración de justicia funcione bien", y "está sentando las bases para la implantación del jurado. Esta institución, que consideramos importante", agregó, "funcionará tan pronto exista la infraestructura y su funcionamiento contribuya a acelerar la Administración de justicia".

Ledesma opinó que cuando los cambios previstos en la ley de Planta y Demarcación estén plenamente ejecutados, en 1992, "se habrán creado las condiciones" para trasladar a los tribunales de ámbito autonómico o inferior la competencia para instruir o enjuiciar los delitos terroristas, que ahora incumbe a la Audiencia Nacional.

El proyecto de nueva demarcación judicial incrementa de 317 a 401 los partidos judiciales, cada uno de los cuales dispondrá de dos juzgados de primera instancia e instrucción.

El acuerdo aprobado ayer supone la desaparición de las audiencias territoriales y de los juzgados de distrito, así como la Implantación de tribunales superiores de justicia en las 17 comunidades autónomas, de los juzgados de lo contencioso-administrativo y de los juzgados de menores. Ceuta y Melilla constituirán sendos partidos judiciales.

Elección parlamentaria

Los Parlamentos autónomos elegirán a uno de los magistrados de lo civil y penal de los tribunales superiores cuando los titulares sean tres, y dos cuando el total sean cinco. Los jueces de paz serán designados por el pleno de los ayuntamientos.Con la ampliación prevista por el Ministerio de Justicia, las secciones que enjuiciarán delitos penales pasarán de 88 a 187 en el conjunto de España. La reforma propone la desaparición del Tribunal Central de Trabajo, cuyas funciones serán atribuidas a las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad.

Fernando Ledesma aseguró también en la conferencia de prensa que no comparte la opinión expresada públicamente por el actual fiscal general del Estado, Javier Moscoso, acerca de que dicha institución debería tener capacidad para presentar recursos de inconstitucionalidad.

Asimismo afirmó que se ha equivocado el secretario de la Conferencia Episcopal, Agustín García Gasco, al sostener que existen en España discriminaciones por razones religiosas, ya que la realidad muestra desde hace tiempo justo lo contrario.