La huelga de la enseñanza

De seguir las cosas como hasta ahora, los resultados de la huelga de la enseñanza pública son perfectamente previsibles: van a salir perjudicados los profesores, los alumnos, los padres, los sindicatos, el Ministerio de Educación y el Gobierno socialista; y van a salir beneficiados los partidarios y los usuarios de la enseñanza privada.Saber empezar y mantener una huelga de estas dimensiones es muy importante. Pero tanto o más importante es saber terminarla, porque nada deteriora tanto como la perspectiva de la huelga indefinida. Pero saber terminar bien una huelga es cosa que concierne a todas las partes del conflicto y no sólo a una de ellas. Y esto que es verdad en general lo es más todavía en una huelga como la actual, porque en principio las partes en conflicto tienen los mismos intereses generales en la defensa de la enseñanza como servicio público y nada debería convertirse en barrera insuperable entre ellos.

Es conveniente para todos, por ejemplo, que los enseñantes se unan como colectivo, que sus representaciones sindicales sean fuertes, que los profesores se sientan motivados para realizar una tarea como la suya, tan vital para el país, que tengan una retribución suficiente para dedicarse con dignidad a su labor, que se sientan integrados plenamente en la indispensable reforma de nuestro sistema educativo y que se vean estimulados en la labor de reciclaje y de perfeccionamiento de su propia capacidad profesional.

Es conveniente también que la participación de los padres en la orientación y el control del sistema educativo sea algo más que una tarea burocrática para convertirse en una verdadera labor de corresponsabilidad y en un instrumento de conciliación de intereses entre padres y enseñantes.

Finalmente, está claro que la potenciación de la educación como un servicio público para hacer realmente efectivo el derecho a la educación y para dar su auténtico sentido al concepto de libertad de enseñanza es uno de los elementos más, clara e inequívocamente distintos de un Gobierno socialista.

Sin embargo, lo que estamos viendo es un conflicto que enfrenta a estas tres partes con el trasfondo de millones de estudiantes privados de su derecho a aprender. ¿Dónde está el error? ¿Cómo es posible que la conflictividad llegue al punto al que ha llegado?

A mi entender, un primer error por parte de la Administración puede consistir en entender la huelga como una simple manifestación de corporativismo de un colectivo de funcionarios. El desencadenante principal de la huelga es, desde luego, una reivindicación económica muy importante. Pero esto es algo que no se puede eludir con el argumento de que acceder a esta reivindicación saldría muy caro. Se puede y se debe negociar, pero el hecho es que el modelo de enseñanza pública por el que se ha optado es éste y no otro. Dicho modelo se basa en convertir a la inmensa mayoría de los enseñantes en funcionarios públicos, y, por consiguiente, no tiene justificación que no se les homologue con el resto de los funcionarios, cuando la organización general de la Administración se basa en un sistema de niveles generales, aplicables a todas las tareas. Por consiguiente, o se cambia el modelo o no se puede mantener ninguna discriminación. Sin partir de este hecho no creo que se pueda llevar a cabo ninguna negociación.

Esto es especialmente importante además porque junto a la enseñanza pública se ha consolidado una enseñanza privada sostenida con fondos públicos y que absorbe una parte importantísima de los recursos dedicados a la educación. Creo que ésta era una opción obligada, y no la discuto, pero el hecho es que no ha resuelto todavía el problema de la gratuidad, ni ha permitido superar las desigualdades sociales que siempre han separado la enseñanza privada de la pública. Por consiguiente, no se puede decir a los enseñantes públicos que en punto a retribuciones no se les puede homologar con los demás funcionarios porque la homologación resultaría demasiado cara. Si éste es el modelo, tiene un precio, y no pagarlo significa mantener un modelo basado en pedir a los enseñantes que actúen por imperativos que a otros colectivos de funcionarios no se les exigen. Y, si bien es cierto que una parte de los enseñantes pueden comportarse más como funcionarios irresponsables que como auténticos servidores públicos, esto no significa que todos los demás tengan que pagar el precio de la irresponsabilidad o la incompetencia de una parte, sobre todo cuando la Administración cuenta con mecanismos de control y ,de inspección que puede y debe utilizar con todas las consecuencias.

Pero, con ser importante este aspecto de la cuestión, lo que de verdad hay en el fondo del conflicto es el problema de la calidad de la enseñanza pública. ¿Puede o no puede sostener un sistema como el nuestro una buena enseñanza pública? Si no puede, que se diga, y que todos asumamos las consecuencias de ello. Si puede, deben tomarse las medidas económicas, administrativas y políticas para conseguirlo. Y, si éste es el fondo del asunto, éste debe ser el fondo de la negociación para resolver el conflicto.

En este sentido, creo que es muy peligroso llegar a un enfrentamiento abierto entre las asociaciones de padres de alumnos y los enseñantes. Naturalmente, no hay por qué creer en las armonías preestablecidas, ni hay que cerrar los ojos ante la evidencia de que el burocratismo de unos, los corporativismos de unos y otros y hasta las cerrilidades personales pueden producir y producen conflictos en muchos centros escolares. Pero ni estos conflictos resuelven nada, ni hay perspectiva alguna de mejora por este camino. Por consiguiente, hay que hacer todo lo posible para no exasperar todavía más este tipo de tensiones.

Tampoco parece que tenga ningún efecto beneficioso para la solución del conflicto el anuncio de que se prolongará el curso académico unos días. No digo que una medida de estas características no deba tomarse, pero, si se toma, ha de ser en todo caso como uno de los acuerdos de la negociación, no como una especie de imposición administrativa en pleno conflicto, porque en este caso no se percibe como una medida académica, sino como una medida de fuerza de una de las partes.

Naturalmente, si el fondo del asunto es la calidad de la enseñanza, los enseñantes y sus sindicatos tienen una especial responsabilidad en dejar bien claro que eso es lo que quieren resolver por encima de todo. Lo digo porque, si bien los sindicatos de la enseñanza y los enseñantes en general coinciden en la reivindicación de mejoras económicas, las coincidencias ya no son tan claras sobre lo que debe entenderse por calidad de la enseñanza. Por consiguiente, las organizaciones sindicales de la izquierda deben explicar claramente cuál es su proyecto general en este sentido y cuáles son los objetivos que realmente buscan más allá de la reivindicación salarial, que es casi lo único que percibe la opinión pública.

Finalmente, creo que el Ministerio de Educación comete un error al echar sobre sus exclusivas espaldas todo el peso del conflicto y de la negociación. No se comprende ni se puede tolerar que las administraciones autónomas que tienen competencias transferidas en educación se mantengan al pairo, como observadores desde la barrera, esperando que aumente la espiral del conflicto sin asumir sus propias responsabilidades. Esto no sólo es suicida para el Gobierno central, sino que es una auténtica tergiversación de la realidad política del país, cuando está en juego la calidad de la enseñanza pública. Por esta vía, acabaremos dividiendo a los poderes públicos en dos categorías: los que gobiernan y asumen responsabilidades y los que se dedican a sacarse responsabilidades de encima, aprovechando los fondos públicos para hacerse autopropaganda, seguir potenciando el sector privado -como ocurre en Cataluña- y sacar tajadas políticas sin riesgos.

En definitiva, el conflicto está ahí, pero sería bueno que, más allá del conflicto actual, las partes implicadas supiesen ver con claridad con quién y en qué coinciden, con quién y en qué deben entenderse y a quién pueden acabar beneficiando si no se entienden.