ETA refuerza el chantaje a empresarios vascos al amparo del secuestro de Revilla

ETA Militar ha reactivado el cobro del llamado impuesto revolucionario entre industriales y empresarios vascos, aprovechando el efecto intimidatorio, del secuestro de Emiliano Revilla y de los últimos asesinatos en Euskadi. En la última oleada de cartas enviadas hace pocos días, la organización terrorista eleva considerablemente la cuantía exigida a personas que ya han sido víctimas de la extorsión con anterioridad. La eficacia del impuesto revolucionario, principal fuente de financiación junto a los secuestros de los terroristas, había entrado en crisis tras el descubrimiento, en noviembre de 1986, de la contabilidad de ETA en la fábrica Sokoa, en el País Vasco francés.

Industriales y empresarios del País Vasco han recibido en los últimos días cartas de ETA Militar conminándoles a hacer efectivas en el plazo de un mes cantidades de dinero que oscilan entre 10 y 50 millones de pesetas. La misiva pide al destinatario del chantaje entrar en contacto "en los medios vascos con el señor Otxia", seudónimo habitualmente utilizado por la persona encargada en cada caso de recaudar el importe del impuesto revolucionario. La carta, sin embargo, no orienta explícitamente al destiriatario hacia el sur de Francia, como era corriente en ocasiones anteriores.ETA amenaza a sus víctimas advirtiéndoles que se verá "en la obligación" de actuar consecuentemente contra su persona y sus bienes en caso de impago de la cantidad exigida o de que se produjera una denuncia a la policía, llamada en el texto "fuerzas de ocupación". El texto acusa a los empresarios víctimas de la extorsión de disponer de una "importante acumulación de capital (...) fruto de la usurpación de la plusvalía generada por el pueblo trabajador vasco", y considera la cantidad exigida bajo amenaza una "contribución económica al desarrollo del proceso de liberación nacional y social del pueblo vasco".

Las cartas han sido enviadas, id menos en algunos casos, a industriales y comerciantes que ya han pagado a ETA en alguna ocasión anterior, aunque en este caso la cantidad exigida es ocho o 10 veces mayor que la ya entregada. Fuentes próximas a uno de los receptores de la misiva amenazante señalaron que el empresario tendría que liquidar sus negocios y quedar en la ruina para poder pagar a ETA, incluso aunque consiguiera negociar una reducción de la cantidad, como es práctica habitual. No es posible conocer el número de cartas enviadas, pero puede elevarse a vairios centenares.

Fábrica Sokoa

El cobro del impuesto revolucionar¡o descendió muy considerablemente tras el descubrimiento de parte de la contabilidad interna de la organización terrorista en la fábrica de muebles Sokoa, de Hendaya, el 5 de noviembre de 1986. El análisis de la prolija documentación, oculta tras un tabique, permitió a la policía española identificar a muchos de los pequeños y medianos empresarios vascos sometidos al chantaje de ETA.

El conocimiento público de algunos nombres y la confesión de algunos industriales que aceptaron explicar sus reacciones ante la extorsión, así como el anuncio de la apertura de diligencias judiciales, crearon un clima favorable a la negativa a pagar el impuesto. El pago a ETA descendió aún más a medida que se intensificaron las operaciones policiales en el País Vasco francés contra la infraestructura de la organización.

Miedo a los últimos asesinatos

El cobro del impuesto, no obstante, se ha reactivado de forma perceptible en las últimas semanas, según han informado fuentes próximas a los medios empresariales. En la nueva reacción de las víctimas de ETA han influido, según estos medios, la ruptura de las perspectivas de negociación con la organización terrorista, la presencia de comandos operativos en el País Vasco -puesta de relieve por los últimos asesinatos- y sobre todo el secuestro de Emiliano Revilla.

El largo cautiverio de Revilla, interpretan las mismas fuentes, ha convencido a algunos empresarios, renúsos hasta ahora a ceder a la extorsión, de que ETA Militar está dispuesta a apostar fuerte y a correr riesgos para conseguir dinero, porque la recuperación de las finanzas es en estos momentos su principal objetivo.

Los empresarios extorsionados temen que la presión pueda aumentar en un futuro inmediato como consecuencia de la incautación por la Policía del Aire y Fronteras (PAF) de 725 millones de pesetas en poder de ETA, ¡el pasado martes, en la localidad francesa de Bayona.

El presupuesto de gastos de la organización terrorista ETA Militar no es bien conocido, pero fuentes de la lucha antiterrorista lo sitúan entre 200 y 600 millones de pesetas anuales, destinados principalmente a adquisición de armas y explosivos, mantenimiento de la infraestructura en el País Vasco francés y sostenimiento de los activistas.

Las necesidades económicas de la organización han disminuido en gran medida en los últimos dos años como consecuencia de la reducción de sus efectivos y de su entorno tras la expulsión de aproximadamente 200 exiliados por las autoridades francesas; la mayoría, entregados a España, y el resto, a Argelia.