Sancionadas con la liquidación las aseguradoras Igualatorio Vallisoletano y Nuestra Señora del Rosario

Las aseguradoras de asistencia sanitaria Igualatorio Vallisoletano y Nuestra Señora del Rosario, que reúnen más de 10.000 clientes, han sido sancionadas con la liquidación por el Ministerio de Economía y Hacienda. Sus propietarios, que habían promovido otras compañías en diversas partes de España, acaban de ser denunciados al fiscal por diversos presuntos delitos de estafa y apropiación indebida por sumas próximas a los 60 millones de pesetas.

La Dirección General de Seguros, del Ministerio de Economía y Hacienda, han decidido sancionar con la liquidación forzosa e intervenida a las aseguradoras Igualatorio Vallisoletano y Nuestra Señora del Rosario. De ambas sociedades se hará cargo la comisión liquidadora de compañías de seguros (CLEA), que las dos citadas ha recibido hasta ahora el encargo de disolver un total de 98 empresas del sector asegurador.Las dos compañias sentenciadas así de muerte operaban principalmente en Valladolid, donde en los últimos días han saltado a los medios informativos locales numerosas denuncias sobre impagados a los asegurados, médicos y centros sanitarios que atendieron a la clientela de dichas sociedades.

El Igualatorio Vallisoletano tenía unos ingresos anuales próximos a los 100 millones de pesetas. La actividad de la aseguradora Nuestra Señora del Rosario, también de asistencia sanitaria, le proporcionaba una recaudación por primas cercana a los 35 millones de pesetas.

Una y otra, lejos de ofrecer alguna garantía técnica que permitiera la continuidad, según fuentes de la Dirección General de Seguros, ofrecían márgenes de solvencia negativos, por los que la Administración ha decidido liquidarlas y proceder a exigir las responsabilidades jurídicas a que haya lugar.

Derechos de los asegurados

Estas medidas tienen como objetivo, al igual que en otros procesos de liquidación, el tratar de salvaguardar los derechos de los asegurados y de los acreedores. Pero en la presente ocasión se persigue también el evitar que los propietarios y administradores mantengan abierto un negocio que, de acuerdo con las mismas fuentes, se basaba en la práctica continuada de diversas irregularidades.Las personas que la Admnistración considera principales propietarios y administradores de las dos citadas compañías, los hermanos Juan y Mari Sol Sáez Pulpón, han sido denunciados por la Dirección General de Seguros al ministerio fiscal por los supuestos delitos de falsedad en documento público, estafa y apropiación indebida de bienes. Las mismas fuentes estiman que por estos procedimientos podrían haber obtenido de forma ¡legal unos 50 o 60 millones de pesetas.

Los hermanos Sáez Pulpón, quienes no han podido ser localizados por este periódico para recoger su versión de los hechos, promovieron o participaron anteriormente en la propiedad o la administración de otras cuatro aseguradoras de asistencia sanitaria que operaron en diversas partes de España y habían sido objeto de similares sanciones por parte de la Dirección General de Seguros. Tales sociedades fueron la Previsión Médico-Quirúrgica Cordobesa, la Unión Médico-Quirúrgica Cordobesa, el Fénix Sanitario y el Sanatorio Médico Quirúrgico.

Casos similares al citado, en el sentido de que los promotores de una compañía de seguros creaban o compraban otra, cuando eran sancionados por la Administración, fueron frecuentes antes de que se aprobara la ley de ordenación del seguro privado.

Esta ley, además de elevar las sanciones y reforzar los controles, ha propiciado el saneamiento del sector mediante el aumento de capitales y la desaparición voluntaria o forzosa de unas 250 aseguradoras.