Un centenar de parlamentarios está vinculado a entidades financieras y sociedades mercantiles

CARLOS GÓMEZ Al menos un centenar de parlamentarios españoles comparte sus responsabilidades legislativas y de representación con la defensa de intereses mercantiles ajenos a su cargo. Los parlamentarlos de las formaciones de derecha y centro (AP, Democracia Cristiana, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Centro Democrático y Social) están vinculados al mando financiero y empresarial en mucha mayor proporción que los socialistas o los de Izquierda Unida. La mayoría no ha declarado estas vinculaciones en el registro de intereses de las Cortes.

De los más de cien parlamentarios con claros intereses empresariales, según un estudio realizado por EL PAÍS, al menos doce están vinculados a los siete grandes de la banca y otros doce a cajas de ahorro o sociedades financieras; ocho están relacionados con empresas de seguros, y otros tantos con el sector turístico. Un número similar tiene intereses empresariales en periódicos y emisoras de radio. Una veintena son propietarios de empresas de alimentación o explotaciones agrícolas. Otros tantos están relacionados con grupos industriales o con industrias que cuentan con más de 100 millones de capital social. Varios se dedican al comercio exterior y los demás están vinculados a pequeñas sociedades o empresas familiares de otros sectores.La pertenencia a consejos de administración de sociedades mercantiles no presupone en sí corrupción o tráfico de influencias, aunque en ocasiones algunos diputados y senadores han planteado interpelaciones o preguntas al Gobierno, relativas a la actividad mercantil de sus empresas particulares. El caso más reciente se ha planteado hace apenas siete días en el Congreso, el miércoles 13 de abril, coincidiendo con el malestar que se vive. estos días en el sector de criadores de ganado porcino por el aumento de las importaciones y la caída de los precios.

El diputado de Minoría Catalana Manuel Ferrer i Profitos, vinculado a la Sociedad de Trasformación de Tornafenit (Lérida), interpeló al ministro de Agricultura sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la salvaguarda de los precios del cerdo nacional. No es un caso aislado. En las páginas de los diarios de sesiones del Congreso y del Senado en los últimos meses se encuentra fácilmente, si se conocen las vinculaciones empresariales de los parlamentarios, multitud de ejemplos similares. El propio Ferrer i Profitos, el 16 de marzo preguntó también al ministro de Agricultura por las medidas que se iban a adoptar para paliar el efecto de las heladas en los cultivos de almendras y frutos secos. Juan Casals Thomas, diputado por Baleares del Grupo Mixto e importante empresario turístico y hotelero de Menorca, ha preguntado en reiteradas ocasiones al Gobierno sobre indemnizaciones por cancelación de centros de interés turístico en Baleares o sobre las subvenciones de los programas de vacaciones para la tercera edad. El aliancista Alberto Durán Nuñez, vinculado una consignataria de buques y una agencia de aduanas en Vigo, preguntó recientemente al Gobierno sobre sus apoyos para el mantenimiento de la zona franca de Vigo en el marco de la Comunidad Europea.

En estas preguntas e interpelaciones coinciden en muchos casos intereses particulares de los parlamentarios que las plantean con intereses generales de grandes colectivos sectoriales. Fuentes parlamentarias resaltaron que los problemas del precio del cerdo, de la ocupación hotelera en temporada baja, o los efectos de un puerto franco sobre una región deprimida son vividos y conocidos con mayor intensidad por los parlamentarios vinculados empresarialmente a los mismos que por otros compañeros de sus respectivos grupos parlamentarios. Dilucidar quiénes o en qué momento utilizan su cargo en beneficio propio y quiénes o en qué momento lo hacen al servicio de intereses generales resulta casi imposible sin caer en un juicio de intenciones.

Los escasos datos sobre pertenencia a consejos de administración, vinculaciones económicas o profesionales que la mayor parte de los diputados y senadores han confesado en el registro de intereses de las Cortes no facilita la trasparencia. Muchos parlamentarios han callado voluntariamente sus actividades empresariales o profesionales, porque ninguna de ellas es legalmente incompatible y no están obligados a declararlas. Esta situación no favorece la identificación de los intereses particulares de cada parlamentario y la necesaria independencia, fuera de toda sospecha, de sus intervenciones y tomas de posición en el Parlamento. Esta situación, sin embargo, todavía no ha sido abordada por la comisión creada para investigar el tráfico de influencias.