Una austeridad envuelta en polémica

Tras las elecciones autonómicas de junio de 1987, el aliancista José María Aznar sustituyó al socialista José Constantino Nalda y acometió una fuerte reorganización en el organigrama de la Junta. La reforma administrativa redujo las ocho consejerías que mantenían los socialistas a las cinco del Gobierno actual y supuso la desaparición de dos secretarías generales, siete gabinetes técnicos, ocho direcciones generales, 54 delegados territoriales, y tres organismos autónomos.Anteriormente, cada consejería contaba con un delegado en cada provincia; en la actualidad, exite un delegado territorial único. Aznar aseguró que con esta remodelación se ahorrarían cerca de mil millones en sueldos de altos cargos.

Sin embargo, la oposición (PSOE y CDS) ha denunciado que el ahorro no va a producirse porque en todas las provincias se han creado secretarios de cada consejería y jefes de servicio. Para ambos partidos se han cambiado únicamente los nombres, pero no el funcionamiento ni las retribuciones. También han censurado la paralización y lentitud existente en la administración periférica por la fusión de consejerías y la aglomeración de funciones.

Critican asimismo que los anteriores gabinetes técnicos están siendo sustituidos por coordinadores, que ejercen funciones similares. El centrista Daniel de Fernando resumió la situación en un debate de las Cortes, con estas palabras: "Lo único claro es que antes la Administración funcionaba fatal y ahora funciona igual o peor".

Funciones similares

Para PSOE y CDS la pregonada austeridad del Gobierno de José María Aznar no es tal, ya que se han eliminado gastos en unos lugares para ponerlos en otros.

El PSOE ha denunciado varias veces en las Cortes que la Junta aprobó un acuerdo para equiparar los sueldos de los directores generales que son funcionarios con los de subdirectores generales de la Administración central, en vísperas de la discusión en las Cortes de los Presupuestos para 1988, en los que se contemplaba un aumento salarial del 4% para los altos cargos. Según los socialistas, la citada equiparación ha supuesto aumentos de hasta el 30% para algunos directores generales que son funcionarios. El acuerdo no fue publicado en el boletín oficial de la comunidad ni expuesto en las Cortes.

En la Junta de Castilla y León trabajan actualmente un total de 13.280 funcionarios, de los que 12.588 han sido transferidos desde la Administración central y 692 trabajan en los servicios centrales. 8.426 son funcionarios de carrera, 270 contratados administrativos y 3.228 contratados laborales.