Castilla y León, las tierras de Aznar

La Junta de Castilla y León, presidida por José María Aznar, de AP, aprobará hoy un proyecto de ley para reclamar nuevas competencias, entre ellas Educación y Sanidad. La normativa, que será remitida a las Cortes regionales para su tramitación, no se considera una reforma del estatuto de autonomía, sino una modificación de varios artículos. Desde la llegada de José María Aznar a la presidencia de la Junta han sido constantes los roces entre la Administración central y la autonómica. Aznar cree que el PSOE, tras el cambio de Gobierno regional, es beligerante con Castilla y León.

El Gobierno autónomo no es partidario de la reforma del estatuto porque entiende que el aumento del techo competencial se puede producir desarrollando algunos artículos del mismo, fundamentalmente el 29.Este artículo señala que la comunidad autónoma de Castilla y León "ejercerá también" competencias en un total de 19 materias por uno de estos caminos: una vez transcurridos cinco años de vigencia del estatuto, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta de las Cortes regionales y mediante ley orgánica de las Cortes Generales, o a través de leyes orgánicas de delegación y transferencias (artículo 150.2 de la Constitución).

La Junta ha optado por la primera vía, al considerar que la de legación de competencias supone una tutela del Gobierno central y porque tácitamente entiende que la llegada de nuevas competencias es reversible, es decir, que e Gobierno central podría reclamarlas de nuevo si cree. que no se gestionan bien.

El resto de los partidos políticos de la comunidad mantiene posturas distintas, aunque todos son partidarios de nuevas transferencias. El PSOE quiere que lleguen por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, es decir, por delegación del Gobierno central y después de un gran pacto nacional entre Gobierno y comunidades autónomas. El CDS es partidario de la reforma del estatuto de autonomía, pero no tiene in conveniente en aprovechar el artículo 150.2. De hecho, presentó en las Cortes regionales una pro posición de ley, tomada ya en consideración, para que Castilla y León reclame las competencias de Educación por esta vía.

El proyecto de ley, aprobado por la Junta, lo será también, probablemente, por el pleno del Parlamento autónomo con los votos de AP y CDS, que forman mayoría absoluta en la cámara regional.CompetenciasCastilla y León, que accedió a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución, cuenta en la actualidad con competencias en ordenación del territorio, administración local, industria, energía y minas, transportes terrestres, comercio interior, tributos, turismo, urbanismo, reforma y desarrollo agrario y ganadero, conservación de la naturaleza, deportes, juventud, patrimonio histórico-artístico, museos, bibliotecas y archivos, servicios y asistencias sociales. El presupuesto de la comunidad en 1983, primer año de la autonomía, fue de 3.055 millones de pesetas. Esa cantidad se multiplicó por 12 un año más tarde, en que ascendió a 37.000 millones. En 1987, último año de Gobierno socialista, superaba los 72.000 millones y en el año en curso se sitúa en 90.128 millones, distribuidos de la forma siguiente: Presidencia y Administración territorial: 5.806; Economía y Hacienda: 11.026; Agricultura, Ganadería y Montes: 22.317; Fomento: 22.240 y Cultura y Bienestar Social: 28.157.

La Junta de Castilla y León emitió deuda pública en 1984, 1935 y 1986. En 19,84 se emitieron 1.468 millones, que fueron suscritos por las 11 cajas de ahorro de la región. En 1986 la deuda pública fue interior y amortizable y ascendió a 3.000 millones, aunque la ley de presupuestos autorizaba 4.500.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene delegaciones provinciales pese a que la mayoría de las competencias han sido ya transferidas a la Administración regional. Existen directores provinciales en las nueve provincias e incluso se han producido nombramientos recientes, como el caso de Zamora, que permaneció casi un año desde 1987 sin director provincial. También existen directores provinciales del Ministerio de Transportes.

José María Aznar alude insistentemente a los contínuos viajes de altos cargos de la nación, sobre todo del Ministerio de Agricultura, a Castilla y León "mientras que antes ni se les veía por aquí

Conflictos con MadridAznar ha censurado a menudo la negativa de Felipe González a recibirle y la no contestación a sus cartas. También ha rechazado una entrevista con Joaquín Almunia para hablar del aumento de competencias porque quiere tratar el tema directamente con el presidente del Gobierno A su juicio, desde Madrid se discrimina a Castilla y León.

El último problema entre ambas administraciones surgió el pasado 14 de abril, cuando la Junta decidió presentar conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por entender que existe inconstitucionalidad en el decreto de financiación de viviendas. La Junta va a firmalo pero tras presentar el recurso. Aznar acusó al ministro de Obras Públicas y Urbanismo de "coacción, ya que dijo que no firmaría el convenio con la comunidad que presentara recurso".

La Junta entiende que es la Administración central quien debe de pagar la subvención personal de las viviendas, ya que para eso se quedó con el dinero de esta partida cuando se negociaron las transferencias. En el caso de Castilla y León la cantidad asciende a 800 millones.

La Junta también ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional contra una resolución del Ministerio de Economía, por la que se autorizaba la modificación de los estatutos de la Caja Rural de Palencia.

La modificación permitía a esta entidad abrir oficinas en otras provincias de la región, que serán instaladas por la Caixa y Cajamadrid que compraron la Caja Rural de Palencia con la condición de abrir 12 oficinas en la región castellano leonesa. Tanto la Junta anterior gobernada por el PSOE, como la actual, entienden que la aprobación de la modificación corresponde a la consejería de Economía y no al ministerio.

Otros roces se han producido tras la aprobación por la Junta del plan joven de fomento al empleo. El director nacional de empleo anunció en Valladolid que si el decreto se publicaba tal y como había sido aprobado, el Gobierno de la nación presentaría recurso de inconstitucionalidad porque invadía competencias de la Administración central. El recurso no se ha producido a pesar de que la junta ha seguido adelante con el plan joven. Las palabras del director general de empleo motivaron una cascada de declaraciones de altos cargos de la Junta contra el Gobierno central, al que acusaron de querer cercenar iniciativas creadoras de empleo "que ellos no han sido capaces de poner en marcha".