El Gobierno canario frena el desarrollo urbanístico

El Gobierno autónomo de Canarias está decidido a restringir el desarrollo turístico del archipiélago mediante la ejecución de planes insulares de ordenación que abarquen todo el territorio regional. El más avanzado de estos proyectos, referido a Lanzarote, cuya adjudicación al equipo técnico redactor se firmó ayer, limita a 40.000 el número de plazas hoteleras que podrán ser creadas en los próximos ocho años en la isla, frente a las 600.000 previstas en un plan anterior, que fue suspendido por el Ejecutivo en su reunión del martes.

"Los planes insulares son la mejor arma que poseemos no sólo para controlar el aumento de construcciones hoteleras y extrahoteleras, sino para exigir la dotación de infraestructura necesaria y marcar, en definitiva, el ritmo posible de crecimiento del sector en toda la comunidad autónoma", declaró ayer a EL PAÍS el consejero de Política Territorial, Augusto Menvielle.La isla de Lanzarote, con unos 60.000 habitantes, cuenta ya en la actualidad con una oferta de cerca de 40.000 camas, y está considerada como una de las zonas de mayor auge turístico del país, lo que ha provocado un espectacular impulso en las inversiones destinadas al sector servicios. Las autoridades autonómicas, que anuncian planes similares para el resto de las islas (los de Fuerteventura y Hierro son los más inmediatos tras el de Lanzarote), pretenden, entre otras cosas, controlar el impacto poblacional que ocasiona el turismo en territorios discontinuos como el archipiélago canario, con el fin de evitar que los habitantes naturales de las islas se conviertan en una minoría. La posibilidad de llevar a cabo esta clase de planes insulares fue abierta por una ley aprobada por el Parlamento canario en la anterior legislatura autonómica.

Un plan abusivo

La primera medida adoptada por el Gobierno autónomo de centro-derecha y nacionalista, que preside Fernando Fernández Martín, del CDS, ha sido dejar en suspenso un plan de ámbito insular, aprobado en 1973, considerado abusivamente desarrollista, ya que calificaba suelo urbanizable para un total de 600.000 camas en Lanzarote, lo que en opinión de los expertos habría supuesto un golpe irreversible para el equilibrio de la economía insular.El nuevo plan, que está siendo realizado por la empresa Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados (AUIA) y cuyo techo de construcciones es 15 veces menor que aquél, ha sido apoyado por las autoridades locales.

La inversión en infraestructura prevista para la aplicación de este primer plan insular es de 80.000 millones de pesetas, lo que significa que cada cama en Lanzarote implica un coste adicional de dos millones de pesetas por dicho concepto (agua, luz, teléfono, aeropuerto y carreteras).

Según los objetivos trazados, podrían crearse cada año 5.000 nuevas plazas.