La juez y el empresario

UNA SEMANA de cárcel es el precio pagado por ahora por el empresario Miguel Coronel, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ronda (Málaga), que criticó públicamente la actuación profesional de la juez de la localidad. Hechos parecidos vienen produciéndose con cierta frecuencia en España. El fantasma del delito de desacato, figura delictiva imprecisa y anacrónica, propia más bien de épocas en que el ejercicio autoritario del poder necesitaba un fuerte escudo penal, acecha continuamente a quien se aventura -con o sin razón, con o sin acierto- en la crítica de los titulares del poder judicial, precisamente los únicos entre cuantos integran los poderes del Estado que no son democráticamente elegidos.Pero la permanencia del empresario en prisión por haber imputado a la juez de Ronda actuaciones torvas en el ejercicio de su cargo no sólo plantea un problema de probable abuso de poder y de utilización en provecho propio del monopolio jurisdiccional que tienen los jueces, también constituye un episodio revelador de las situaciones a que puede conducir la demagógica campaña que desde los primeros años de la transición política vienen alimentando algunos sectores reaccionarios contra la actuación de los jueces en el problema de la seguridad ciudadana.

Miguel Coronel, antiguo militante de Alianza Popular y conocido por sus posiciones conservadoras, se despachó a gusto en una emisora local contra determinadas decisiones de la titular del Juzgado de Instrucción de Ronda, Olatz Aizpurúa, en relación con la delincuencia. Basándose en informaciones de "confidentes", el empresario rondeño imputó a la juez haber puesto en libertad a cinco presuntos delincuentes antes de haber concluido las diligencias policiales y no haber autorizado un registro policial en busca de un alijo de cocaína. Aun dando por cierta la falsedad de estas imputaciones y su carácter delictivo, no cabe duda de que la reacción de la juez fue a todas luces desproporcionada y se parece más a una venganza que a un acto de administrar justicia.

La prisión preventiva tiene otras funciones que la de ser utilizada como arma para coartar los derechos de libertad de expresión y de crítica de los ciudadanos, por más exacerbado que sea su ejercicio. Existen procedimientos legales establecidos para perseguir los delitos cometidos en el ejercicio de la libertad de crítica. Y entre ellos no figura, en ningún país civilizado, el de meter en la cárcel sin juicio previo al presunto infractor. La juez de Ronda ha aducido como justificante de su decisión la alarma que las declaraciones del empresario provocaron en la sociedad local. Pero su desorbitada reacción ha generado una alarma de mayores proporciones en todo el país. No es posible encontrar ni un solo razonamiento lógico que justifique la privación de libertad del acusado. Al mismo tiempo, las imputaciones de éste tienen la misma música que la cantinela con que desde hace años los sectores de la derecha vienen martilleando los oídos de los españoles: los jueces, principalmente ellos, son culpables de la inseguridad ciudadana. "Los delincuentes entran en el juzgado por una puerta y, salen por otra" ha sido su eslogan. El hecho de que existan en estos momentos 30.000 personas en las cárceles españolas por decisión judicial no ha servido para cambiar en nada un aserto que tiene mucho de arma política. En realidad, lo que se quiere en estos sectores son jueces imbuidos de criterios policiales y servidores del orden tal como lo conciben las fuerzas vivas de la localidad. Este conflicto nacional, al que también han contribuido los gobernantes socialistas con decisiones desmerecedoras para la independencia del poder judicial, puede llegar hasta el enfrentamiento personal en sociedades cerradas de ámbito local. El caso de Ronda está ahí para atestiguarlo.

En cualquier caso, los jueces, como el resto de los ciudadanos, tienen todo el derecho del mundo a defenderse de los ataques políticos. Pero ni pueden confundir éstos con atentados a su independencia ni para defenderse de ellos deben llegar al abuso de poder. Es al Consejo General del Poder Judicial y a las asociaciones profesionales a los que los jueces deben instar para que cumplan con decisión esta tarea.