El gobierno da marcha atrás a la investigación parlamentaria sobre tráfico de influencias

La comisión de incompatibilidades y tráfico de influencias decidirá mañana, a iniciativa socialista y probablemente con el apoyo de otros grupos parlamentarios, dar marcha atrás a sus iniciales intenciones de realizar un examen exhaustivo de la situación económica y patrimonial de diputados, senadores y altos cargos de la Administración desde 1977. En principio, el cuestionario que se iba a remitir será sustituido por "una encuesta genérica", según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de la comisión. La dudosa viabilidad jurídica de obligar a responder las preguntas que iban a formularse y el peligro de que esta comisión abriera "un proceso a la democracia han sido las razones esbozadas para este replanteamiento.

Los inconvenientes, críticas y dudas con los que se han encontrado los miembros de la comisión desde su reunión del pasado miércoles han movido a los socialistas a dar un giro, a los planteamientos iniciales. Miembros de la dirección del grupo socialista reconocen que ha sido el Gobierno quien ha recomendado dar un nuevo cariz a los trabajos de la comisión y así se lo han hecho saber a tres grupos parlamentarios de la oposición, que en principio se han mostrado de acuerdo. Será en la reunión de mañana cuando se materialicen los nuevos contenidos.Miembros de la dirección socialista reconocieron que quizá la comisión se ha extralimitado respecto a los acuerdos que adoptó el Pleno del Congreso cuando se dio vía libre a la creación de esta comisión". Llevados por su afán investigador, el pasado miércoles se acordó elaborar un cuestionario con un tipo de preguntas que no pudieran dar lugar a las evasivas. Así se pensaba preguntar sobre el patrimonio y la declaración de la, renta anterior a ocupar el cargo público y su comparación con los tres años posteriores al abandono del cargo e incluso los bienes y patrimonio de los cónyuges.

Según las fuentes informantes, el cuestionario será sustituido "por una encuesta genérica y muy poco fiscalizadora". Asimismo decaerán las peticiones realizadas a los servicios técnicos del Congreso para que elaboraran un informe de Prensa con todas las denuncias de los medios de comunicación sobre posible tráfico de influencias. "No se van a investigar los casos denunciados en Prensa, sino que la comisión sólo atenderá las denuncias expresas formuladas por un grupo parlamentario", dijeron las mismas fuentes.

Las dudas respecta a si la comisión estaba actuando correctamente comenzaron en el seno de la propia comisión en su reunión del pasado miércoles. Algunos portavoces suscitaron la cuestión de si realmente las personas encuestadas muchos de ellos alejados de la vida pública desde hace varios años, tenían obligación legal de responder a un cuestionario tan íntimo. Un letrado argumentó que en virtud de la ley de Comparecencias, que obliga a cualquier ciudadano a comparecer antes las Cortes si es requerido para ello, los cuestionarios podían equipararse a una petición de comparecencia. No obstante, las dudas persistieron.

Más duro se mostró el diputado, de Democracia Cristiana (DC) Félix Manuel Pérez Miyares, ex ministro de Trabajo en un Gobierno de Adolfo Suárez, con una reflexión en alto sobre lo que significa el cariz que se estaba dando a la comisión. Según miembros de ésta, Pérez Miyaresi se preguntó si ,entre todos no estaban haciendo "un proceso a la democracia", toda vez que se quería investigar a la clase política nacida en 1977 por voluntad popular. Otro argumento que utilizó fue el de la negación para los encuestados del derecho a la presunción de inocencia, ya que se pretendía investigar a todos' de forma indiscrirminada.

Parlamentarios de la oposición aseguran que esta comisión ha tenido "un mal nacimiento" porque se encuentra y encontrará con lagunas legales a cada paso que pretenda dar Se trata de demostrar si alguien ha utilizado sus conocimientos y contactos, obtenidos durante su etapa de cargo público, para sus negocios o actividades privadas con el consiguiente lucro económico. Lo que se ha llamado "tráfico de influencias".

El concepto de tráfico de influencias no existe en el ordenamiento legal, por lo que no puede existir sanción jurídica, aunque sí, como se pretendía en principio, "sanción política y social". En el ámbito de la actual ley de Incompatibilidades es donde se puede operar alguna acción que impida en el futuro que se den casos de influencias, y sería endureciéndola.

Las fuentes informantes aseguran que el planteamiento de investigación es erróneo, porque "difícilmente los parlamentarios de la oposición pueden tener influencia en algo. Mucho más la tiene cualquier concejal de cualquier pueblo", dijeron.