Miguel Muñiz negociará un nuevo acuerdo de colaboración con las cajas rurales
Miguel Muñiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial, sustituirá a Luís Garcia de Blas, presidente del Banco de Crédito Agrícola, como principal interlocutor con las cajas rurales para renegociar el acuerdo vigente una vez que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió no aceptar el preacuerdo alcanzado entre las partes pocos días antes de Semana Santa por considerar que, de hecho, representaba una privatización parcial del banco público y el abandono de buena parte de la filosofía inicial del grupo asociado. Las nuevas negociaciones comenzarán la próxima semana y se espera que terminen antes de que finalice este mes.
El preacuerdo al que llegaron los responsables del Banco de Crédito Agrícola y la comisión negociadora de las cajas rurales asociadas -pendiente en ambos casos de ratificación por los órganos competentes- establecía la creación de una nueva sociedad de servicios financieros en la que el BCA estaría en minoría frente a las cajas rurales, fue rechazado de forma tajante por los Ministerios de Economía, Agricultura y Trabajo en la comisión delegada, donde se decidió reiniciar las negociaciones con el objetivo de mantener el actual acuerdo "introduciendo las modificaciones que fueran necesarias siempre y cuando no lo desvirtúen con la intensidad con la que lo hacía el preacuerdo alcanzado entre Luis García de Blas y las cajas rurales", señalaron fuentes cercanas a la Administración.Estas fuentes afirmaron "que el preacuerdo alcanzado volvía a restablecer la figura de la Caja Rural Nacional, que tuvo que disolverse cuando entraron en crisis buena parte de las cajas rurales, "dejando en minoría al banco público en unos momentos en los que se está intentando potenciar al sector financiero público y con posibilidades de que la nueva sociedad financiera ofreciera servicios que el banco público no quisiera potenciar". El preacuerdo, que tenía que ser aceptado por las asambleas de las cajas rurales y por las atitorida des económicas, ha vuelto a po ner sobre la mesa la figura del presidente del Banco de Crédito Agrícola, como reconocen fuentes cercanas a la comisión delegada que señalaban la con veniencia de que "García de Blas trate de cerrar un nuevo acuerdo, y luego ya veremos qué pasa con la presidencia del banco".
Por ello es por lo que Miguel Muñiz, presidente del ICO y propietario de las acciones del Banco de Crédito Agrícola, será quien tenga el peso fundamental a la hora de llevar a cabo las nuevas negociaciones para intentar poner al día el nuevo acuerdo de colaboración, "en el que, en cualquier caso, el banco público seguirá contando casi tanto como hasta ahora".
Privatización parcial
El problema básico que se planteó en la comisión delegada del Gobierno, y que había sido contemplado por los ministerios implicados, es que el preacuerdo alcanzado significa de hecho una privatización encubierta del Banco de Crédito Agrícola concedida, como se reconoce en algunas fuentes de la Administración, después de que existieran fuertes presiones para .que se alcanzara un acuerdo a cualquier precio". Una vez logrado el preacuerdo ha parecido que el precio era excesivo, y es lo que se trata de evitar con las nuevas conversaciones.En este sentido, y sin tratar de hurtar las posibles responsabilidades del presidente del Banco de Crédito Agrícola, se reconoce en medios de la Administración que "se ha tardado demasiado tiempo en dejar claros cuáles son los criterios del sector público a la hora de fijar las líneas de lo que quiere que sea el acuerdo con la cajas rurales".
Para la Administración, el nuevo acuerdo debe tener como base el vigente todavía, en el que el crédito cooperativo recibe apoyos a través de la banca pública y ésta, a su vez, puede beneficiarse de la amplia red de sucursales implantadas en buena parte del mundo rural. El BCA, se señala, ha servido de canalizador de las ayudas públicas para el saneamiento de un número elevado de cajas rurales al tiempo que ha renunciado a la concesión de créditos para que lo hicieran estas instituciones con fondos públicos y generaran de esta forma mayores recursos. La contribución del BCA a los fondos de insolvencias y la diversificación de los créditos han servido también para conseguir una mayor solvencia. A cambio, la red de oficinas de las cajas rurales permite llegar a la banca pública a zonas donde de otra forma no llegarían nunca, tanto en las operaciones de pasivo como en las de activo.
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