Escándalo en la ONU

EL CONGRESO de Estados Unidos, al aprovechar una ley presupuestaria para imponer el cierre de la representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ante las Naciones Unidas, ha incurrido en una gravísima violación del derecho internacional. En virtud de un acuerdo suscrito en 1947 con la ONU, las autoridades norteamericanas están obligadas a respetar a las delegaciones acreditadas cerca de aquélla. Sin el respeto de esa norma, el funcionamiento de la ONU en Nueva York sería imposible, porque EE UU tendría la posibilidad de interferir en las labores de una organización en la que, por principio, todos los núembros tienen derechos iguales. Aunque la OLP no es un miembro de la ONU y su delegación tiene estatuto de observador, también en este caso se aplica el acuerdo de 1947, ya que en la actividad de la ONU cumplen un papel, en ciertos casos de primera importancia, las delegaciones no estatales.En la decisión del Congreso ha influido la constante campaña del presidente Reagan presentando a la OLP como una banda terrorista y negándose a reconocer la evolución que se ha operado en el seno de .ésta. A la vez refleja una tendencia peligrosa de EE UU a despreciar las normas del derecho internacional, que ya se,ha manifestado en otras ocasiones, como en la negativa a tener en cuenta la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya sobre el bloqueo de los puertos nicaragnenses. Esa tendencia, que rompe con una tradición norteamericana simbolizada por figuras prestigiosas como Wilson, Kellogg y Roosevelt, coloca a EE UU en situaciones desairadas.

La Asamblea de la ONU ha reaccionado condenando esa medida por 148 votos contra dos: los de EE UU e Israel. Votación sin precedente, ya que los aliados de EE UU, incluso los más fieles, han votado contra él. La votación refleja la voluntad de defender normas jurídicas consustanciales con la existencia de la ONU. Pero en ella ha influido también la coyuntura política: las manifestaciones de los últimos meses en, Gaza y Cisjordania, la sangrienta represión israelí, han sensibilizado al máximo a la opinión pública mundial sobre el problema palestino. Hoy aparece con más claridad que nunca la necesidad -y la urgencia- de una solución política que reconozca a los palestinos sus derechos nacionales. Expulsar ahora a la OLP de Nueva York, acusándola de "terrorista", resulta no sólo flegal, sino obsoleto e inoportuno, incluso para la política de EE UU.

El cierre de la representación de la OLP ante la ONU sólo satisface a los halcones de Israel, como el primer ministro, Shamir. Pero éstos constituyen hoy el principal obstáculo a cualquier esfuerzo de paz, y en concreto, al plan presentado por Shultz, destinado a recuperar para EE UU cierto protagonismo en la zona. Con objeto de evitar el fracaso de su plan, Shultz tiene que flexibilizar su política en relación con los países árabes, lo que implica tender puentes, aunque sean indirectos, hacia la OLP. Shultz acaba de celebrar en Washington una conversación con dos miembros del Consejo Nacional Palestino, Edward W. Said e Ibrahini Abu-Lughold, que han reiterado, al final de la entrevista, su apoyo pleno a la OLP y a su presidente, Yasir Arafat. Este paso de Shultz, impensable hace pocos meses, indica que la evolución en los territorios ocupados por Israel empuja a EE UU a reconocer, como hizo la Comunidad Europea hace años, que no es posible descartar a la OLP de la negociación sobre Oriente Próximo.