La caza del loco

Varias decenas de enfermos han ingresado durante los últimos días en el hospital psiquiátrico de Mérida como consecuencia del miedo colectivo surgido a raíz del suceso de Táliga (Badajoz), donde un psicópata decapitó a un niño y arrojó después su cabeza a una chimenea ante el espanto de los vecinos congregados en el lugar. Días después, en Higuera de Vargas, un pueblo distante 15 kilómetros, centenares de personas se manifestaron por las calles solicitando el ingreso de un enajenado mental al que consideraban peligroso.

Desde que en 1409 el fraile mercedario Juan Gilaver fundó en Valencia el primer manicomio del mundo buscando un trato digno para los locos, "la sociedad ha evolucionado más en lo teórico. Piden centros en buenas condiciones materiales, pero un suceso como el de Táliga demuestra que en el fondo subyace una filosofía propia de la Inquisición. Volvemos al viejo concepto de que el enfermo mental es un poseso del demonio que debe se apartado de la sociedad", dice el director del hospital psiquiátrico de Mérida, José Gómez.Este centro registra anualmente más de 200.000 instancias y el índice de siniestrabilidad que ofrecen los pacientes que han sido dados de alta "es nulo en comparación con las muertes que en los estadios provoca gente aparentemente normal", según señala José Gómez. "Los medicamentos y las técnicas actuales pueden controlar el 99% de las enfermedades psiquiátricas, y sobre esta premisa prácticamente en ningún caso está justificado el internamiento a perpetuidad de los enfermos".

El suceso de Táliga ha generado un internamiento masivo de pacientes, en algunos casos a requerimiento de las autoridades municipales, amparadas en el clima emocional que viven sus poblaciones y a veces por voluntad de los familiares de los enfermos, quienes en la mayoría de los casos se oponen a su propio ingreso.

"A río revuelto, ganancia de pescadores", opina el director del hospital psiquiátrico de Plasencia, José Luis Villegas, que refiere cómo los familiares de algunos enfermos a los que se les había denegado el ingreso, aprovechando el impacto social del suceso de Táliga "intentaron forzarlo por todos los medios".

Amparados en una normativa que databa de 1931, un gobernador, un alcalde y la policía podía determinar internamientos. Tras la reforma del Código Civil, a partir de 1963 el ingreso no resulta tan fácil, y nadie puede ser declarado incapaz si no es por una sentencia judicial. El doctor Villegas recuerda que el artículo 211 "exige la certificación de un médico de cabecera que prescriba la necesidad del internamiento, la firma de un familiar que asuma la responsabilidad y el reconocimiento del juez instructor con la correspondiente autorización a la que sé llegará con el asesoramiento de los peritos que consideren oportuno".

En el psiquiátrico de Mérida vive un enfermo que ingresó en 1929: "Se fuerzan internamientos que desde el punto de vista clínico en absoluto están justificados. Ocurre con frecuencia que varios familiares acompañan a un paciente cuando llega al centro, pero al darles de alta pueden pasar días y días y nadie viene a buscarlos", afirma Gómez.

Las cosas cambian cuando el incapacitado tiene bienes económicos que pueden beneficiar a sus familiares: "Entonces aparecen como auténticos buitres buscando la cartilla o la pensión. Jamás han aparecido por aquí, pero con la muerte del enfermo se dejan ver y te preguntan disimuladamente: ¿Oiga, y mi tío no tenía por ahí unos ahorrillos?'. Hay una gran hipocresía social, aunque existen casos en los que verdaderamente los familiares se preocupan por su gente y vienen a verlos diariamente", señala el doctor José Gómez.

'Etiqueta' psiquiátrica

"Si usted aparece ante sus vecinos como una persona normal y da tres voces en la plaza, lo más que dirán es 'buena la ha pillado'. Pero desgraciado si ha pasado por un centro psiquiátrico. Puede convertirse a la vista de los vecinos en alguien peligroso", comenta el director del psiquiátrico de Mérida."¿Pero que es la normalidad?", se pregunta el doctor José Gómez. "Los locos son los chivos expiatorios de la sociedad. Había que analizar también el comportamiento de los vecinos de Táliga que viendo que el niño ya estaba muerto no reaccionaron a su decapitación, permitiendo que el enfermo permaneciera varias horas a solas con el cuerpo del pequeño".

Para Gómez, "cualquier persona normal en un momento determinado puede manifestar una conducta agresiva, llegando incluso al asesinato. Hasta el Código Penal contempla el trastorno mental transitorio como causa eximente".