La Comunidad Europea emplaza a España para que modifique la legislación de ayudas a la Prensa

El sistema de ayudas a la Prensa va t tener que ser reformado en profundidad en España porque el vigente es incompatible con los principios del Tratado de Roma, que constituyó la Comunidad Europea. La Comisión Europea se dispone a dar los primeros pasos para obtener su modificación. El comisario europeo encargado de velar por el respeto de la libre competencia, el irlandés Peter Sutherland, tiene la intención de pedir a sus homólogos después de Semana Santa que remitan al Gobierno español un requerimiento instándole a cambiarla ley.

La iniciativa comunitaria, que será probablemente seguida por el envío de un dictamen motivado, es la primera de una serie que en el plazo de seis meses puede llevar a España ante el tribunal de justicia si es reacia a modificar su legislación La rapidez con que actuará Sutherland dependerá en gran parte de la. resistencia que opongan sus colegas españoles Manuel Marín y Abel Matutes.El texto del requerimiento o carta de emplazamiento, como se le llama en la jerga comunitaria, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que el requisito de la nacionalidad española para poder beneficiarse de las subvenciones y las ayudas al consumo de papel de imprenta producido en España constituyen dos graves infracciones al Tratado de Roma.

A lo largo de sus 15 páginas el requerimiento de a muy claro que las ayudas a la Prensa española no suponen, en principio, una distorsión de la competencia, porque las publicaciones nacionales de información general apenas salen fuera de su mercado tradicional para in tentar competir más allá de sus fronteras. EL PAÍS, por ejemplo, apenas vende en el resto de Europa más de un 3% de su di fusión diaria.

Las modalidades de concesión de las subvenciones sí perjudican, en cambio, a la libre competencia. Para poder acogerse a las ayudas es necesario, en el caso de una empresa de prensa unifamiliar, que su dueño sea español, y en el caso de una sociedad por acciones, que sus propietarios sean españoles o que los accionistas de las sociedades que posean sus títulos sean también todos ciudadanos de España. "La discriminación de los beneficiarios en función de la nacionalidad para la concesión de ayudas que figura en la ley y en el real decreto", señala la carta de emplazamiento, .constituye una violación del principio de igualdad recogido en los artículos 7 y 52" del tratado de la CE.

Las ayudas directas a la Prensa se basan en tres criterios: la difusión de la publicación, las necesidades de reconversión tecnológica y, sobre todo, su consumo de papel de imprenta de fabricación nacional, cuya diferencia en el precio de venta con el importado queda compensada a través de las subvenciones estatales. De ahí que Sutherland estime que, más que una subvención a la Prensa, se trata de una ayuda a los fabricantes españoles de papel.

En consecuencia, indica la citada carta, "supone una ventaja para las papeleras españolas, cuyas ventas aumentan en detrimento de potenciales importadores extranjeros de papel de imprenta ( ... )", y esto significa "una distorsión de la competencia, que favorece a los productores españoles al jugar un papel disuasivo con vistas a las importaciones de otros países en general, y en especial de los demás Estados miembros". Hace dos años, la Prensa española consumió 89.764 toneladas de papel importado del resto de la CE, es decir, tan sólo un 8% de su consumo global.

Acta única Europea

En sus conclusiones, el requerimiento concede dos meses al Gobierno español, a partir de la fecha de expedición de la carta, para que le informe de las medidas que tiene la intención de tomar para que "de ninguna manera pueda haber elementos de discriminación en base a la nacionalidad para poder beneficiarse de las ayudas ( ... )" y para que "el papel de imprenta de otros Estados miembros disfrute del mismo tratamiento que el español ( ... )". Las ayudas a la Prensa diana y a las agencias de información españolas están reguladas por sendos decretos de agosto y noviembre, respectivamente, de 1984, que sustituyeron a la Ramada ley de Prensa, de Manuel Fraga Iribarne.

La Dirección General de Medios de Comunicación Social, según informa Inmaculada G. Mardones, remitió a la CE, a través de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas, la documentación sobre las bases que regulan la ayuda a la Prensa en sus tres modalidades. El año pasado estas ayudas superaron los 2.500 millones de pesetas.

Tras estudiar ese documento, la CE ha decidido remitir su carta al Gobierno para que informe sobre sus planes de adaptación a la legislación comunitaria. Francisco Virseda, titular de la citada dirección general, ha declarado a EL PAÍS que mantiene conversaciones con representantes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) para estudiar la manera de modificar el sistema de subvenciones y hacerlo compatible con la legislación comunitaria.

Virseda justifica el origen de las subvenciones en la grave crisis que atravesó la Prensa española entre las décadas de los sesenta y ochenta y en el bajo índice de lectura de los españoles. En este momento considera que esa etapa ya está superada, debido al incremento que ha experimentado la cartera publicitaria. Virseda ha restado importancia a la perentoriedad de la respuesta y apunta al año 1992, en que entrará en vigor el Acta Única Europea, como plazo de referencia para la acomodación de esta u otras normativas a las comunes de la CE.