Socialistas y AP aprueban el plan de urbanismo, que supone una inversión de 77.000 millones de pesetas

El plan municipal de urbanismo, que, según sus redactores, supondrá una inversión directa de 77.000 millones de pesetas e indirecta de 600.000 millones, así como la creación de 300.000 puestos de trabajo, fue aprobado ayer sólo con los votos del PSOE y AP. Los demás grupos (CDS, IU y Mixto) se opusieron porque temen que se produzca especulación, y criticaron la falta de transparencia con la que, a su juicio, se quiere realizar el proceso. De los 77.000 millones, el Ayuntamiento pondrá, vía impuestos, 6.800 millones, y el resto se obtendrá con la venta de dos millones de metros cuadrados de suelo para viviendas y oficinas.

El pleno de ayer no ofreció ninguna sorpresa sobre lo que estaba previsto. Alianza Popular defendió el plan de inversiones desde un punto de vista jurídico y de interés para la ciudad, en una actitud que hizo que José Luis Garro, del CDS, llamara avalistas a los concejales aliancistas; el PSOE calificó el plan como "fruto de un proceso de debate" y aseguró que su realización era imprescindible para reactivar la economía madrileña, y los demás partidos explicaron que, si bien estaban de acuerdo con los proyectos incluidos en el programa, no ocurría lo mismo con la forma en que se pretende realizarlos.A grandes rasgos, la modificación presupuestaria aprobada ayer supondrá la puesta en el mercado de los 2,217 millones de metros cuadrados que ocupan 19 bolsas de pobreza en las que hoy viven 2.500 familias chabolistas, que habrán de ser realojadas. Los terrenos serán urbanizados y vendidos para la construcción de oficinas y viviendas de protección oficial y de venta libre.

Asimismo se acometerán obras urbanísticas como el pasillo verde ferroviario, que convertirá el trazado de ferrocarril que atraviesa el distrito de Arganzuela en un bulevar. Renfe, a cambio de una inversión de 16.000 millones, recibirá terrenos edificables.

Urbanización y viario

Otras actuaciones serán la urbanización de distintas zonas de la ciudad, como la Gran Vía de Hortaleza, la avenida de Córdoba, los solares existentes en el puente de Ventas -en uno de ellos se levantará el circo estable- y el Campo de las Naciones, donde se levantará un Palacio de Congresos, oficinas y hoteles. Asimismo se construirán las estaciones Norte y Sur de autobuses, se abrirán seis pasos subterráneos en puntos aún indeterminados, se continuarán las obras del parque lineal del Manzanares, se crearán nuevos parques y se restaurarán otros, como el Retiro y la Casa de Campo.El plan incluye la mejora del viario con la modificación del convenio MOPU-Ayuntamiento, la urbanización de 24 polígonos, la rehabilitación de 20.000 pisos del centro y la construcción de 316 viviendas sociales. La inversión de 2.400 millones de pesetas en compra de suelo permitirá ceder terrenos a cooperativas para que construyan 2.000 viviendas y preparar futuras actuaciones como el cuarto cinturón de Madrid.

El PSOE y AP defendieron la transparencia del plan, pues las 70 actuaciones del mismo deberán pasar sucesivos controles antes de su realización. El pleno deberá aprobar en tres ocasiones diferentes el planeamiento, y dos veces, los concursos de adjudicación que se produzcan; el Consejo de Gerencia debatirá dos veces los trámites de expropiación; la junta de distrito deberá tratar dos veces los proyectos de urbanización, y el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, tres veces la construcción de viviendas para realojos. "Queremos evitar la especulación y el oligopolio del suelo", afirmó Jesús Espelosín, en nombre del PSOE. Pese a estas explicaciones, los grupos del CDS, IU y Mixto basaron ayer sus intervenciones en la falta de claridad del proceso, en las bajas valoraciones de los terrenos -se ha estimado entre 14.000 y 45.000 pesetas el precio del metro cuadrado- y en la posibilidad de que se produzca un oligopolio empresarial que se beneficie de las plusvalías de la operación.

"Gran coalición"

Ramón Tamames, del Grupo Mixto, comparó el proceso con la venta de bienes en la desamortización de Mendizábal, de la que se benefició la burguesía; afirmó que "el acuerdo PSOEAP supone el nacimiento de la gran coalición", y afirmó que el Ayuntamiento podría obtener mucho más dinero del previsto.Francisco Herrera, de IU, aseguró que el presupuesto tratado era el mismo y tenía las mismas incógnitas que el que la oposición obligó a retirar en diciembre, por lo que pidió la retirada del plan para un nuevo estudio, y José Luis Garro, del CDS, aseguró que el proceso carece de seguridades jurídicas y de control, lo que, en su opinión, fomentará el monopolio empresarial y la especulación.