Convocadas 20.500 plazas de empleo público

El Gobierno aprobó ayer la oferta pública de empleo para este año, que supone un total de 20.500 plazas de funcionarios y personal laboral. En esta convocatoria son especialmente importantes los empleos ofrecidos en las áreas de Educación, Justicia, Trabajo y Seguridad Social, el servicio de Correos y Telecomunicaciones y el área de recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda.

De la oferta total de empleo público, 13.250 plazas corresponden a los grupos de personal funcionario, tanto de la Administración del Estado como de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social. Las restantes 5.997 plazas corresponden a personal laboral. En las respectivas convocatorias, podrá reservarse hasta un 50% de las plazas para ser provistas por el sistema de "promoción interna".En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Javier Solana, descartó la posibilidad de decretar servicios mínimos de carácter obligatorio en los casos de huelgas de profesores, como las que se han producido en las últimas semanas.

También reiteró la voluntad del Gobierno de negociar con los profesores de la enseñanza pública, "pero ese compromiso debe ponerse de manifiesto también por la parte en conflicto, lo que necesita una recuperación de la normalidad académica", dijo.

Solana restó importancia a la ruptura del consenso parlamentario sobre las modificaciones de la ley antiterrorista. El portavoz del Gobierno acudió a argumentos cuantitativos: "Hubo 233 votos a favor y sólo siete, en contra", en el pleno del Congreso, lo cual indica que "realmente hay un consenso bastante alto".

Asimismo recordó que continúa abierta la posibilidad de que el grado de acuerdo sea "aún más alto" en el Senado. Solana negó que el consejero vasco de Interior, Luis María Retolaza, haya viajado a Argel junto con un enviado del Gobierno, en el último contacto mantenido con ETA en el pasado mes de febrero.

El portavoz del Ejecutivo informó sobre otros acuerdos del Consejo de Ministros. Uno de ellos consiste en la distribución de 1.873 millones de pesetas entre las comunidades autónomas, destinados a programas de rehabilitación de toxicómanos, tratamientos de deshabituación con metadona y mantenimiento de unidades de desintoxicación.

El monto total de tales cantidades ya estaba previsto en la ley de Presupuestos de este año, y los criterios para su distribución han sido consensuados con las comunidades autónomas. Por tanto, el Consejo de Ministros se limitó a autorizar créditos ya previstos.

El Gobierno fue informado también del expediente para realizar obras urgentes de reparación de equipos y sistemas del centro de control de tránsito aéreo de Barcelona.