El 63% de los más de tres millones de trabajadores irregulares cobra menos de 25.000 pesetas al mes

El 63,4% de los más de tres millones de trabajadores irregulares que ha detectado la nueva explotación de la gran encuesta sobre la economía sumergida, reciben menos de 25.000 pesetas al mes, si se excluyen a los que no contestan, según los resultados publicados ayer oficialmente. Al presentar este trabajo, el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, anunció que en abril se publicarán una serie de recomendaciones sobre el mercado de trabajo y anticipó que los nuevos datos deben servir para que la Seguridad Social, el fisco y los empleadores tomen medidas contra el trabajo irregular, la mayor parte del cual se caracteriza por no pagar cotizaciones sociales.De la Dehesa informó que, por el interés de tales estudios y para estimar las repercusiones de la recuperación económica y de las medidas de flexibilidad laboral adoptadas desde entonces, se va a repetir una encuesta como la que ha servido de base, realizada a finales de 1985 entre 63.120 personas. La nueva explotación de aquélla encuesta, recogida en medio millar de páginas del libro Análisis de las condiciones de vida y trabajo en España, ha sido realizada por cuatro profesores universitarios (Muro, Toharia, Raymond y Uriel), cuyo portavoz declaró ayer que Economía ha publicado "todo lo que hemos puesto".

De los más de tres millones de trabajadores irregulares estimados por el estudio, el 70% merecen esta consideración por no tener cartilla de la Seguridad Social el 13% por cotizar en una categoría distinta a la correcta (asalariados como autónomos, o viceversa), y el 4% por cotizar como parados. El libro incluye unos 800.000 empleos iregulares más que en la primera explotación de La encuesta (2,2 millones largos), principalmente por calificar de irregulares a los trabajadores que ayudan en los negocios familiares y a los empleadores con más de cinco trabajadores que no cotizan.

Así, el índice de irregularidad pasa desde el 21,9% del conjunto de los ocupados estimados, en la primera explotación de la encuesta -publicada tras el verano de 1986- hasta el 27,1% del segundo estudio, que también amplía el total de ocupados desde 10,3 millones a 11,3 millones. De estos últimos, 6,2 millones son asalariados declarados, 101.000 ayudas familiares declarados, 1,5 millones autónomos regulares sin empleados, 387.000 empleadores, 1,4 millones asalariados irregulares, 809.000 ayudas familiares irregulares, 747.000 autónomas sin empleados, y 73.000 empleadores irregulares.

Jóvenes, obreros y mujeres

El secretario de Economía precisó que la economía sumergida no debe confundirse con el empleo irregular y que, pese a los cambios citados, el mismo ha tenido que reducirse desde 1985. Pero añadió que esperaba a los resultados de una próxima encuesta para pronunciarse.Entre las características del empleo irregular destacan que los menores de 25 años suponen el 43% de los citados tres millones largos de ocupados, mientras que en el trabajo regular sólo representan el 11%. De cada 100 jóvenes, una media de 57,2 son trabajadores irregulares. Igualmente, los obreros no especializados tienen un índice de irregularidad del 40,9% y representan el 33% de los tres millones, pese a que sólo suponen un 18% del mercado regular. Entre los trabajadores a domicilio, el 52,2% son irregulares, y representan el 15% de este mercado, mientras que sólo suman el 5% del regular.

Un 45% de los trabajadores calificados de irregulares perciben menos de 25.000 pesetas al mes (por debajo del 67% del salario mínimo). Pero si se excluyen a los que no contestaron la encuesta (el 40,9%), el porcentaje alcanza hasta el 63,4%.

El 69% de los empleos iregulares sólo tienen estudios primarios, frente al 42% del mercado regular. Por sexos, el índide de irregularidad de las mujeres duplica al de los varones (42,7% frente al 20,1%). Por sectores, los índices más altos se registran en la agricultura, comercio y hostelería, servicios personales e industria ligera.

Esto se traslada al reparto por regiones, de forma que Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía sobrepasan un índice de irregularidad del 35%, mientras que no llegan al 20% otras seis regiones (Madrid, Baleares, Cantabria, Navarra, Asturias y País Vasco). Cataluña y Comunidad Valenciana se sitúan en un puesto ligeramente inferior al medio, con más del 25%.