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Los grupos parlamentarios apoyaron la puesta en marcha de la comisión de influencias

Justo Zambrana, representante del Grupo Socialista, señaló ayer en el Congreso de los Diputados, en un debate sobre el tráfico de influencias, que la clase política española ha dado "pruebas palmarias" de honradez desde el restablecimiento de la democracia, en 1977. U idea fue ratificada desde todos los sectores políticos, tanto de la izquierda como de la derecha. No obstante, todos aprobaron la creación de una comisión parlamentaria que estudie "con rigor" el problema objeto del debate.

La cuestión fue suscitada por Coalición Popular, cuyo portavoz, Juan Ramón Calero, se remitió a antecedentes de la dictadura de Primo de Rivera y del franquismo como posibles fuentes inspiradoras de eventuales reformas en esta materia. Calero calificó de "luminoso" un precepto del decreto ley de mayo de 1955, que prohibía a "los que hubiesen sido presidentes del Consejo de Ministros o ministro de Justicia" abogar ante los tribunales hasta dos años después del cese. Calero se extendió asimismo en comparaciones con las actuales normas de Estados Unidos, que prohíben, por ejemplo, el ejercicio del lobby al menos un año después de haber abandonado un puesto en la Administración directa o indirectamente relacionado con aquel.La propuesta inicial de Coalición Popular consistía en prohibir a los cargos el ejercicio de puestos, profesiones o consejos de administración relacionados con su actividad pública, hasta tres años después del cese en los mismos. También proponía crear una comisión parlamentaria de vigilancia del tráfico de influencias.

El PSOE no aceptó el plazo de los tres años, como tampoco lo hicieron las minorías de la Cámara. En su lugar, hubo general acuerdo en aceptar una enmienda socialista, que remite todo el estudio del tráfico de influencias a una comisión parlamentaria.

"No se puede presentar a la ligera la idea de que todos los políticos de este país son iguales", advirtió el portavoz de Izquierda Unida, Ramón Espasa. Modesto Fraile, de la Democracia Cristiana, lamentó que la sociedad española tenga la imagen de una clase política poco honrada, "cuando la honestidad es general", afirmó.

Zambrana, del PSOE, explicó que se trataba de "separar el garbanzo negro que pueda haber en la olla", mientras que el aliancista Calero tomó esta frase para replicar que "el problema no es el garbanzo negro, sino los que, desde fuera de la olla, abren el cocido para comerse el chorizo".

En concreto, la enmienda aprobada por el Congreso afirma que la comisión parlamentaria analizará el derecho comparado, estudiará la experiencia habida en nuestro país desde 1977 y "delimitará con precisión el concepto de tráfico de influencias y su incidencia en las incompatibilidades". Asimismo determinará "las irregularidades puestas de manifiesto como consecuencia de la investigación" y elaborará .criterios para la reforma de textos legales o reglamentarios que considere procedente".

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[La elección de Álvaro Gil Robles como Defensor del Pueblo fue ratificada ayer por el Pleno del Senado, al superar ampliamente en la votación las tres quintas partes de la Cámara, informa Efe. El resultado de la votación fue de 178 votos afirmativos, 8 negativos, 18 en blanco y uno nulo. En el Congreso de los Diputados Gil Robles había obtenido 40 votos más de los necesarios].

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