El Ayuntamiento de Cáceres aprueba la demolición de 22 construcciones ilegales

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha acordado por unanimidad proceder a la demolición de 22 construcciones ilegales, entre las que se encuentran chalés, naves industriales, viviendas, restaurantes y almacenes.

La casi totalidad de estas construcciones, que según la Comisión de Urbanismo no cumplen la normativa en vigor y carecen de licencia municipal, están situadas en el extrarradio de la ciudad e incluso, a más de 12 kilómetros del casco urbano. El término municipal de Cáceres es el segundo de España en extensión, y sus límites alcanzan hasta 35 kilómetros fuera de la capital. Los términos municipales de seis pueblos quedan como enclaves dentro del propio término de Cáceres. Esta situación ha propiciado que en zonas consideradas rústicas hayan ido apareciendo construcciones ilegales, la mayoría dedicadas a casas de recreo.Los propietarios de estas 22 construcciones dispondrán de un mes para ejecutar la demolición voluntaria o, en su defecto, la realizaría el propio ayuntamiento, que les cargaría los gastos. Si bien es cierto que el mayor porcentaje corresponde a chalés y viviendas, también hay seis naves industriales que dan trabajo a varias decenas de obreros.

"Todo lo que pueda ser legalizable se intentará legalizar, pero concurren circunstancias muy distintas", ha manifestado a este periódico el alcalde socialista de Cáceres, Carlos Sánchez Polo. En La Musia, zona próxima a la capital, "puede que hayan surgido esas naves como consecuencia de las deficiencias que ofrece el polígono industrial de Cáceres, cuyas parcelas mínimas resultan demasiado grandes para los pequeños empresarios, y con esto no quiero justificar nada".

Para el alcalde de Cáceres no es lo mismo "el que tiene una nave o una casa desde hace 20 años, porque quizá cuando la construyó desconocía que ese suelo no era urbanizable y nadie se lo advirtió, que casos recientes en los que el departamento de disciplina urbanística del ayuntamiento ha venido informando a los propietarios que incumplían la normativa, dando incluso orden de paralización de las obras, que han desoído".

Para algunos arquitectos consultados por este periódico, a esta situación se llega por la lentitud de los ayuntamientos en legalizar el suelo urbanizable. "La Montaña", otra zona próxima a la capital, es un ejemplo claro: "hace tiempo que se espera la aprobación de un plan especial que no llega y la gente que posee pequeñas fincas se cansa y actúa por libre. Es curioso ver entonces cómo poco a poco, y a escondidas entre los árboles, van apareciendo más y más tejados. Después vienen los problemas que plantea la carencia de una infraestructura de saneamiento: pozos ciegos, filtraciones de un chalé a otro, etcétera. Si los ayuntamientos actuasen con mayor rapidez no se llegaría a situaciones tan drásticas como ésta".

La lista de demoliciones podría ampliarse, ya que hay numerosos expedientes de indisciplina urbanística en marcha.