El acuerdo de los disgustos

Los pescadores canarios, divididos ante los efectos del acuerdo de pesca con Marruecos

El convenio de pesca firmado por la Comunidad Europea (CE) y Marruecos el pasado 25 de febrero dividió al sector pesquero en Canarias y provocó el rechazo del Gobierno autónomo, que se sintió marginado en las negociaciones. En el archipiélago existe la impresión de que Europa no ha sabido proteger los intereses canarios, cediendo ante el Gobierno de Hassan II. Mientras los artesanales celebraron el acuerdo, los arrastreros se negaron en un principio a regresar al caladero africano, por considerarse sacrificados en el volumen de capturas fijado, y bloquearon en señal de protesta el puerto de Las Palmas, siendo detenidos cuatro armadores. Los tripulantes marroquíes de los barcos con base en las islas prolongaron el amarre al exigir su homologación laboral con los pescadores españoles.

En la opinión pública, al margen de las repercusiones económicas del convenio, ha impactado la denuncia hecha por el Gobierno autónomo, a través de su presidente, Fernando Fernández Martín, del CDS, quien hizo una valoración política del documento suscrito en Bruselas. Según advirtió, el mismo entraña un riesgo para la soberanía española en Canarias, al reconocer a Marruecos una zona económica de 200 millas, que incluiría a las islas. La frase de Fernández Martín "No nos apetece vestir con chilaba ni despertarnos con las cañoneras marroquíes en el puerto de Las Palmas" hizo pensar que se había actuado con entreguismo ante el país vecino y resucitó el viejo síndrome del expansionismo marroquí.El Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó, a través del delegado del Gobierno, Eligio Hernández, para asegurar que el citado texto no supone ninguna dejación de los derechos de España sobre las aguas de Canarias, ya que el artículo 11 del tratado aclara que "ninguna disposición del acuerdo afecta a los puntos de vista de cada parte en lo que concierne a los derechos del mar". Hernández Gutiérrez recordó que España aplica también las 200 millas y, por tanto, en estos casos, se establece una mediana. El desmentido oficial animó a la oposición socialista a calificar las manifestaciones de Fernández Martín como "frívolas". La polémica, sin embargo, no se zanjó. La Consejería de la Presidencia del Gobierno canario insistió en que el acuerdo puede atentar contra la integridad de las aguas interiores canarias, que aún no han sido delimitadas por la Administración centraI. A su vez, el Gabinete de condición de centro-derecha y nacionalista de esta comunidad autónoma mostró su malestar por no haber sido consultado a tiempo. En este sentido, entiende que Madrid vulneró el estatuto canario (el artículo 37 obliga al Gobierno de la nación a informar a Canarias sobre convenios internacionales que le afecten) y está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Menos barcos en 1992

Pero en materia propiamente pesquera, el acuerdo entre Bruselas y Rabat suscitó un gran descontento en la flota arrastrera de cefalópodos, compuesta por 147 barcos, con base en Las Palmas, y en los sardinales, repartidos en varias islas. únicamente, los artesanales (más de 60. unidades) valoraron positivamente el concierto, al no representar ninguna disminución en su capacidad extractiva. Esta flota, de capital netamente canario, cuya principal base está en Lanzarote, es la más débil económicamente, y el día 1 de marzo volvió a la faena. En cambio, la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Cefalópodos (Anacef) tardó tres días en ordenar el retorno de sus pesqueros al caladero norteafricanos. Los armadores estiman que la reducción impuesta de un 20% al total de extracciones correspondiente a esta flota, en el período de cuatro años de vigencia del acuerdo, recortará en 30 barcos su presencia en las aguas marroquíes y, como consecuencia, el cierre de una treintena de empresas así como la desaparición de unos 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

Con esta merma, la situación del subsector se ve agravada, ya que, a raíz del anterior convenio hispano-marroquí, firmado en., 1983, su flota sufrió una restricción del 40%. Además, ahora sus barcos tendrán que suspender su actividad cada mes de octubre como medida de recuperación biológica del banco pesquero. El secretario general de Anacef, José Ramón Fontán, solicitó sin éxito, en Madrid, que el descanso obligado fuera trasladado a las fechas de verano o Navidad, para hacerlo coincidir con las vacaciones de las tripulaciones, y reclamó la búsqueda de otros caladeros sustitutorios para los buques que deban ser retirados. En los últimos meses se han barajado posibles destinos alternativos, como Gabán, Mauritania y Guinea Bissau.

Las autoridades canarias se muestran sensibles a las reivindicaciones de un sector que pesca desde hace 50 años en los bancos sahariano y marroquí y mueve un capital anual de 35.000 millones de pesetas, dando empleo a 7.000 personas. El Gobierno de Fernández Martín considera desproporcionadas las contrapartidas de la CE a Marruecos en créditos, pagos y subvenciones: más de 45.000 millones de pesetas, según el protocolo financiero de ambas partes; 2.800 millones en cánones y 10.200 millones anuales como compensación.

La salida al mar de los arrastreros a finales de la pasada semana estuvo precedida de escenas de tensión en el puerto de Las Palmas, que fue bloqueado por los pesqueros en señal de protesta por las condiciones del convenio. Cuatro de estos empresarios fueron detenidos y pasaron a disposición judicial, porque, según señaló el delegado del Gobierno, "con su actitud cometieron un delito de coacciones". Durante el impasse de las negociaciones entre Bruselas y Rabat, los armadores y pescadores se habían enfrentado a los consignatarios al impedir el desembarco de pescado de buques marroquíes. Las pérdidas por el amarre originó que varias empresas anunciaran regulación de empleo.

Cuando el conflicto parecía remitir, a mediados de la pasada semana, los 350 pescadores marroquíes enrolados en los barcos arrastreros canarios plantearon, como condición para reincorporarse a sus puestos de trabajo, su equiparación laboral con los marineros españoles (Seguridad Social, subsidio de desempleo y derecho a residencia, toda vez que cotizan el 20% a Hacienda). El nuevo brote de discordia, rodeado de encierros y manifestaciones, se apagó con un principio de acuerdo. Los marroquíes expresaron su temor de padecer represalias en su país por esta acción. Según el nuevo convenio, cada barco pesquero está obligado a incluir en su lista de tripulantes a tres pescadores de esta nacionalidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 13 de marzo de 1988.

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